Astesiano volvió a concurrir ante la fiscal Gabriela Fossati, y confesó que «el presidente me daba alas para hacer los trámites que yo tenía que hacer”, reveló el ex hombre de confianza de Luis Lacalle Pou, quien en los últimos días volvió a desmarcarse del asunto aunque reconoció su responsabilidad por contratar a quien no debía.
“Yo era un jefe político”, exclamó Astesiano, reflejó la versión del rotativo La diaria, que ha tenido protagonismo en la revelación de los mensajes del ex jefe de seguridad contenidos en su teléfono celular.
Alejandro Astesiano está preso desde septiembre último, acusado de tráfico de influencias, asociación para delinquir y suposición de estado civil en reiteración.
Fue detenido en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, el mismo día en que llegó del extranjero adonde acompañó al mandatario en viaje privado.
Pero desde entonces la trama delictiva sigue hilvanando revelaciones de sus chats de WhatsApp que abren otras líneas de investigación, incluidas sobre peticiones de espionaje a opositores políticos, y también a docentes y estudiantes de un liceo.
Con tal intención salieron a la luz comunicaciones que involucran a la empresa Vertical Skies con sede en Florida, Estados Unidos.
El exgerente general de esa compañía en Uruguay Marcelo Acuña ofreció dinero a Astesiano para realizar tareas de seguimiento y fichaje contra los senadores del Frente Amplio, Mario Bergara y Charles Carrera.
Ambos legisladores actuaron como denunciantes en la causa penal por presuntas ilegalidades en el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie para la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo hasta el año 2081.
En su momento el fiscal encargado archivó la causa, pero, casualidad o no, la justicia respondió en los últimos días a un recurso de los senadores frenteamplistas para reabrir la pesquisa, en cuya denuncia original aparece el ahora ministro del Interior Luis Alberto Heber, entonces titular de Transporte y Obras Públicas.
REMOCIÓN DE LA CÚPULA POLICIAL
Varios de los chats en manos de la fiscal relacionan y también comprometen a altos cargos policiales interrogados por Fossati.
La última semana, el Ministerio del Interior anunció la sustitución del jefe de la Policía Nacional, Diego Fernández, y del subdirector ejecutivo, Jorge Berriel. El ex número dos de la institución, Héctor Ferreira, había renunciado al cargo en diciembre tras ser convocado por la fiscal.
En el caso de Berriel, luego de la remoción fue imputado por tres cargos relacionados con la revelación de secreto. Su situación judicial implica la retención de documentos de viaje por 180 días. También la prohibición de salida del país y deberá fijar domicilio.
El exjerarca policial está acusado de entregar información del Sistema de Gestión en Seguridad Pública (reportes sobre videocámaras de vigilancia), que facilitó a Astesiano en diversas ocasiones.
ENOJO PRESIDENCIAL CON LA PRENSA
Hace unos días Lacalle Pou acusó a dos medios de prensa, que no identificó, por la d ivulgación “intencionada” de mensajes ocupados en el teléfono celular de su excustodio.
Se está «bailando con la música de los medios», ironizó el gobernante visiblemente molesto, cuyas alegaciones recibieron el rechazo de la Asociación de Prensa de Uruguay.
Añadió que en lo que a la Presidencia corresponde todas las comunicaciones con el inculpado, se entregaron a la Fiscalía.
El gobernante reiteró en la ocasión en que su responsabilidad estriba en haber escogido mal a su ex hombre de confianza.
Pero sigue en el aire el papel de la torre de control sobre las horas de vuelo y la altura conseguidas por las “alas” de Astesiano, desplegadas desde la Torre Ejecutiva, sede de la presidencia en Uruguay.
*Corresponsal jefe de Prensa Latina en Uruguay
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