La rebaja actual de las medicinas fue aprobada por el mandatario el pasado 15 de agosto y por un periodo de seis meses prorrogables, que vencen mañana, recordó el Ejecutivo en una nota oficial.
Esa medida paliativa fue la respuesta a uno de los motivos de las protestas que paralizaron al país en julio de 2022 y obligaron al Gobierno a instalar una mesa única de diálogo con organizaciones sociales , que es el alto costo de las medicinas en las farmacias privadas, en comparación con otras naciones, incluyendo las latinoamericanas.
Esto se conjuga con la falta de medicamentos en las farmacias de la Caja de Seguro Social (CSS) y del Ministerio de Salud (Minsa) que obliga a los pacientes a tener que comprarlos o esperar a que las instituciones antes citadas se abastezcan.
Al respecto, los gremios de pacientes en el istmo exigieron recientemente la aprobación inmediata de una Ley de Medicamentos, un proyecto en discusión en la Asamblea Nacional (AN, parlamento) desde septiembre pasado.
Una de las dirigentes de ese colectivo, Enma Pinzón, señaló que la norma que entraría a segundo debate en el plenario podría resolver la problemática de la falta de medicinas en los dispensarios.
El pasado 17 de enero, el Gobierno panameño declaró el desabastecimiento crítico de 132 renglones de medicamentos de la CSS con el objetivo de agilizar la compra de esos fármacos.
El comunicado oficial precisó que el Decreto ejecutivo permite lograr la adquisición de estas medicinas a través de mecanismos expeditos.
La lista incluye antibióticos, antivirales, antihistamínicos, antimicóticos, tratamientos de VIH, descongestionantes nasales, diuréticos, estrógenos conjugados y medicamentos para la osteoporosis, entre otros.
Para las organizaciones populares, todas estas medidas paliativas del Ejecutivo y otras anteriores son insuficientes y no atacan el problema de fondo: los exagerados márgenes de ganancias de cinco grupos oligopólicos y las mafias farmacéuticas.
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