Detalló en un comunicado que, luego de un encuentro con el Alto Comisionado de Paz, su equipo y un senador, los 12 grupos armados reiteraron su voluntad de hacer parte de la paz urbana.
Manifestaron su disposición de pasar de la fase de exploración y acercamientos a una fase dialógica, señaló la Oficina en el texto dirigido a la prensa.
Añadió que, con el apoyo de varias instituciones universitarias, se acordó el desarrollo de foros urbanos para discutir las transformaciones sociales necesarias para la construcción en paz en los territorios.
Estos espacios contarán con la participación de amplios sectores de la ciudadanía y sectores sociales, económicos, políticos e institucionales.
En estos foros urbanos se avanzará en la discusión sobre los derechos de las víctimas, las garantías de no repetición y las transformaciones urbanas, añadió.
Resaltó que los asuntos tendientes a la rendición de cuentas serán atendidos por los mecanismos de justicia ordinaria que apruebe el Congreso de la República y la Corte Constitucional.
Acordaron además, extender una invitación a los periodistas interesados en contribuir con absoluta discreción con información contrastada y contextualizada sobre los avances que se vienen desarrollando durante los pasados seis meses.
El Gobierno Nacional, apegándose a sus facultades constitucionales, seguirá adoptando las medidas necesarias para garantizar una segunda fase, donde se geste una conversación sobre los derechos sociales de todos los jóvenes de las zonas afectadas por la violencia urbana y de los integrantes de estas estructuras armadas, subrayó.
Remarcó que de esa forma se podrá concretar su transición al Estado de derecho con
transformaciones territoriales.
El 24 de enero pasado, el gobierno confirmó que desde hacía más de cuatro meses comenzó un proceso con grupos armados que operan en la ciudad de Medellín y su área metropolitana para construir la paz urbana.
El cese de torturas, desapariciones y asesinatos como compromiso básico de los grupos armados ha sido el punto de partida para la generación de confianza entre las partes y el Gobierno Nacional, subrayó.
La fase de acercamiento con más de 12 grupos que manifestaron su voluntad de paz se ha ceñido a los parámetros contemplados por la Constitución colombiana y las leyes vigentes, y desde noviembre de 2022 ha estado enmarcada en lo que dicta la Ley 2272.
«Avanzamos hacia la construcción de un Espacio de Conversación Sociojurídica que respetará la autonomía de los diferentes poderes del Estado», puntualizó en ese momento.
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