La víspera el exhombre de confianza del presidente Luis Lacalle Pou fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión, luego de un acuerdo entre la fiscal Gabriela Fossati y el abogado defensor.
Fossati dijo que la sentencia respondió a los cargos imputados. Astesiano confesó y recibió la pena por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público y privado, expresó.
Argumentó en conferencia de prensa que la sentencia respondió a los cargos, aunque la pena máxima para esos delitos, según el Código Penal vigente, suma hasta 17 años de cárcel.
El condenado, a su vez, suscribió una nota para los medios en los que opinó que encaró el peor proceso judicial y político de los últimos años en su país.
No demoró mucho el presidente Lacalle Pou en decir a la prensa que la «justicia habló», aunque aseveró que no le corresponde comentar sobre el asunto.
Su correligionario, el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, sentenció que Astesiano «reconoció» y se «cierra una etapa».
Enfatizo a periodistas que la fiscal desestimó alegaciones de espionaje contra legisladores de oposición, el presidente de la central sindical PIT-CNT, Marcelo Abdala, e incluso contra docentes y estudiantes de un liceo capitalino.
En igual sintonía, el jefe de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, aludió a las alegaciones del Frente Amplio, de oposición, sobre el asunto.
Perseguíamos legisladores para amenazarlos y que no hagan denuncias. Seguíamos profesores y al presidente del PIT CNT. Hacíamos escuchas ilegales. Nada de eso pasó, escribió en su cuenta en Twitter.
Del lado contrario, los senadores del Frente Amplio Charles Carrera y Mario Bergara dijeron que continuarán la querella por presunto espionaje relacionado con Astesiano.
Según los mensajes ocupados en su celular, el excustodio recibió el encargo de la empresa Vertical Skie, con sede en Miami, de “ficharlos», por su querella judicial contra responsables del gobierno que decidieron la concesión por varias décadas del puerto de Montevideo a una empresa transnacional.
Bergara declaró al rotativo La Diaria que el veredicto le “tomó por sorpresa», sobre todo el acuerdo abreviado en «forma tan rápida”.
Opinó que la causa, iniciada en septiembre de 2022, tiene muchas ramificaciones, incluidos «temas de corrupción pública, de espionaje, de utilización de toda la infraestructura del Estado en beneficio de la persecución a dirigentes sociales y a la oposición», y tareas de inteligencia contra docentes y adolescentes de un liceo.
Por su parte, el senador Carrera consideró que la condena demostró la existencia de una asociación para delinquir en la Torre Ejecutiva, sede de la presidencia de la República.
Señaló que al exfuncionario se le imputaron “múltiples delitos asociados a casos de corrupción pública y a la utilización indebida del poder público en beneficio particular”.
Adelantó que el Frente Amplio analizará las responsabilidades políticas de las autoridades, al considerar que todo el asunto «pasó en las narices del presidente».
Sobre la denuncia que radicó junto a Bergara por presunto espionaje, adelantó que continuarán gestiones con la Fiscalía para proseguir con la causa.
El fallo judicial da un respiro al gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, quien, aunque reconoció su responsabilidad al nombrar a Astesiano para el sensible cargo, deslindó responsabilidades en la actuación de su exjefe de custodia.
Pero en el ámbito político el asunto Astesiano no parece un caso cerrado.
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