En la habitual conferencia de prensa de los miércoles y a propósito de su gira por la zona sur, el mandatario tico aseveró que ningún gobierno hasta la fecha había puesto un solo colón desde 1977 de presupuesto para compensar a gente que compró con título, plano catastrado y con el aval de la Comisión de Asuntos Indígenas (Conai) y del Registro Nacional.
Chaves indicó además que van a negociar con ambas partes, que llevan un plan, dinero para compensar, y que se estarían utilizando mil hectáreas para negociar con personas no indígenas de buena fe como las que describió.
La CLSS afirma que esos comentarios y aseveraciones evidencian un desconocimiento profundo sobre el tema de la ocupación ilegal de los Territorios Indígenas y de los procesos de recuperación de tierras–Territorios y ponen de manifiesto percepciones discriminatorias hacia estos Pueblos.
Apunta que si personas no indígenas han realizado compra y ventas de tierras dentro de los Territorios con escrituras, planos, con el aval de Conai y el Registro Público, no los hace ser ‘poseedores de buena fe’ aunque al mandatario así le parezca o así lo quiera hacer ver.
Le recuerdan que el artículo tres de la Ley Indígena de 1977 establece que las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan.
Añade -refiere la CLSS- los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas, mientras los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas.
Concluye que todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso.
La CLSS indica que el presidente tico también emitió desafortunadas y racistas declaraciones, cuando dijo «les vamos a advertir a ciertos grupos indígenas minoritarios que están queriendo tomar la ley en sus manos, incitados por extranjeros y gente de ideologías contrarias a la de la mayoría de Costa Rica, a hacer tomas forzosas, matando ganado, macheteando ganado, incendios, ya ha habido dos muertes…».
Al respecto, la organización indígena, defensora de los derechos de los pueblos originarios de Costa Rica, sostiene que «parece ser que el discurso de odio, violencia y racismo de los ocupantes ilegales de los Territorios, sus seguidores y grupos violentos afines se instaló en Casa Presidencial».
Considera además que Chaves repite las gastadas frases neocoloniales y preconceptos en las que los pueblos originarios son incitados o manipulados por otras personas, lo que en el fondo refleja un pensamiento discriminatorio según el cual estos no pueden organizarse, pensar y ejercer sus derechos por sí mismos, sino que necesitan de terceros.
Finalmente, la CLSS insta al presidente tico a que se informe y asesore de mejor manera para no repetir estas desafortunadas, racistas y discriminatorias declaraciones y que cumpla con sus obligaciones; que indemnice o reubique a los pocos poseedores de buena fe todavía existentes.
Asimismo, prosigue, que inicie con los procesos de desahucio administrativo contra los ocupantes ilegales priorizados por cada pueblo originario, pues el cómo hacerlo está establecido en la Ley Indígena y su fundamento fue recientemente ratificado por la Sala Constitucional, así que solo es tener voluntad política y actuar.
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