Así lo declaró hoy el abogado defensor Miguel Ontiveros después de una reunión con el juez Gerardo Alarcón, quien accedió a posponer para el 27 la audiencia Lozoya, fundada en el hecho de que la Fiscalía General de la República entregó una nueva evidencia (unas cuatro mil fojas) apenas el pasado 14 de febrero.
Al salir del juzgado, Ontiveros aseguró que, de llegar a juicio el exdirector de Pemex, el proceso debería ser entonces contra el expresidente Peña Nieto (2012-2018).
El juicio va a ser contra el exmandatario y sus colaboradores, quienes dirigieron el aparato organizado de poder, y por tanto no puede haber proceso a Lozoya porque en realidad es un testigo colaborador que aportó suficientes elementos, con base a los cuales se ejerció acción penal por la fiscalía y generó órdenes de aprehensión y personas procesadas.
Insistió en que el juicio debe ser contra el expresidente de México y, si es necesario, solicitará que se gire oficio de colaboración a las instituciones españolas, especialmente a la fiscalía del gobierno del Reino de España para que sea citado y le comuniquen la denuncia que existe en su contra.
Con independencia de la nueva fecha, expuso Ontiveros, solicitaron a los interesados reuniones previas a fin de generar las condiciones para que el 10 de marzo –día fijado para la audiencia del caso Odebrecht– vengamos a firmar los acuerdos por el caso Agronitrogenados (fábrica de chatarra comprada en 200 millones de dólares) y el convenio en el marco del criterio de oportunidad, y suspender ambos procesos.
El abogado hizo público un mensaje de Lozoya al presidente Andrés Manuel López Obrador, contentivo de cuatro puntos: Primero, que él renunció al juicio de extradición en España, confiando plenamente en el mandatario, las fiscalías y las nuevas posturas anticorrupción generadas por la IV Transformación.
Segundo, que solicitó un criterio de oportunidad y un acuerdo reparatorio al Fiscal General para resolver ambos casos, y en ese ámbito denunció a autoridades del sexenio anterior, comenzando por el expresidente Enrique Peña Nieto y todo el aparato organizado de poder corruptor.
Tercero, que a pesar de estar privado de libertad continúa colaborando y confiando en las instituciones del Estado, aunque no comprende por qué, a pesar de tener la condición de “testigo colaborador», se le ingresa a prisión, mientras las personas que fueron denunciadas están en libertad.
Cuarto, ratifica su compromiso de proceder a la firma del acuerdo, de extinguir las acciones penales contra su familia, especialmente de su madre, quien lleva poco más de mil días en prisión domiciliaria.
Añadió que Lozoya tiene plena disposición para garantizar ciento por ciento la reparación del daño solicitado por las instituciones, y aunque no reveló el monto, admitió que son más de 10 millones de dólares por ambos delitos.
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