La autoridad explicó que de ellos cinco mil 43 millones (252 millones de dólares) no se comprobaron en qué se ejercieron, y otros tres mil 175 millones de pesos (159 millones de dólares) corresponden a un aumento en pagos de servicios personales sin autorización, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
También reportó que el resto, correspondiente a otros 3 mil 828 millones (192 millones), surgen de anomalías en pago de nómina y contratos, como los abonos a categorías de personal no autorizadas, incrementos mucho mayores a los autorizados, y a trabajadores que ya habían sido dados de baja o con licencia sin goce de sueldo.
El gobierno del gobernado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que ahora aspira a la candidatura presidencial de Va por México, es el que más observaciones recibió por parte del ente fiscalizador de la Cámara de Diputados.
Este concluyó, en su tercera entrega de la cuenta pública 2021, que “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de las participaciones federales, en contravención de la normativa aplicable en el ejercicio de los recursos fiscalizados”.
En dos auditorías sobre el ejercicio del gasto federalizado en la entidad, la ASF explicó que, de las participaciones federales recibidas por el gobierno de Aureoles Conejo, que ascendieron a 30 mil 408 millones de pesos (mil 520 millones de dólares), un grupo de 17 organismos del estado acumuló el mayor monto de fondos de los que no se sabe su destino, por dos mil 414 millones (120 millones de dólares).
Se trata, según la ASF, de un probable daño o perjuicio a la hacienda pública, más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria de las participaciones federales.
De esos dos mil 414 millones, poco más de la mitad corresponden sólo al Supremo Tribunal de Justicia del estado, que no informó de la utilización de más de la mitad de ese dinero.
Para la ASF, el gobierno del estado no ejerció una gestión adecuada de la legislación en materia de disciplina financiera ni un buen ejercicio del gasto en un año en el que se llevó a cabo la elección para gobernador.
Entre las irregularidades en la administración de Aureoles Conejo resalta que, todavía al 31 de enero de 2022, había un saldo de 224.2 millones de pesos (11,2 millones de dólares) sin comprobar su destino, debido a que no se acreditó su existencia en las cuentas bancarias del estado. La ASF determinó que “el gobierno de Michoacán de Ocampo incurrió en inobservancias de la normativa, al incrementar 3 mil 175 millones la asignación original de servicios personales y no presentar evidencia de autorización de ingresos excedentes por 5 mil 43 millones de pesos de libre disposición ni proporcionó la documentación de su destino”.
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