«Vamos a ocuparnos de las chicas que entran en conflicto con la ley para intentar garantizarles programas debidamente estructurados de asesoramiento», declaró a la prensa la secretaria de Estado para la Transformación Social, Samantha Marshall.
No solo pensamos en ellas, sino en contribuir también en la rehabilitación de sus familiares, precisó la igualmente senadora, quien divulgó la concreción del arrendamiento de un local para dicha entidad, a través de la cartera de Obras Públicas.
Por motivos económicos, organizaciones como las iglesias, que solían ofrecer servicios similares a las jóvenes, «ya no están en condiciones de hacerlo», señaló la semana pasada el ministro de Información de estas dos islas gemelas, Melford Nicholas.
El Sunshine Home for Girls, fundado y gestionado por el Ejército de Salvación con aportes del Ejecutivo, aparece aquí actualmente como la principal institución para las jóvenes que infringen la ley.
Políticos y organizaciones civiles reiteraron la escasez de estos centros para quienes delinquen, y el Equipo Antigua IslandGirls busca recaudar un millón de dólares para ese objetivo.
El Gobierno trabaja en la propuesta al Parlamento de una nueva legislación en su lucha por frenar el creciente problema de la violencia escolar entre los jóvenes del país.
A fines de noviembre último adelantó que tenía la intención de involucrar el personal necesario para frenar la prevalencia de los ataques y devolver a la nación una apariencia de paz.
En Antigua y Barbuda, con cerca de 93 mil habitantes, la violencia está profundamente arraigada, hasta el punto de que es legal infligir castigos corporales no solo en el hogar, sino también en las entidades relacionadas con el desarrollo de los niños.
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