La ministra del Interior Carolina Tohá anunció un viaje este lunes a la región para monitorear en el terreno la llegada de las Fuerzas Armadas a Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
De acuerdo con el decreto supremo, adoptado en el marco de la Ley de Infraestructura Crítica, las unidades militares podrán realizar controles de identidad, fiscalizar equipajes y detener a personas que ingresen por puntos no autorizados.
Según declaró el alcalde de Colchane, Javier García, por ese lugar llegan a Chile entre 200 y 400 personas diariamente, a través de pasos irregulares.
El operativo estará vigente durante 90 días y podrá ser extendido con la aprobación del Congreso Nacional, una vez concluidos los primeros tres meses.
El despliegue militar en las fronteras genera reacciones diversas y, si bien autoridades locales lo respaldan, existen dudas sobre la decisión de darle amplias atribuciones a las fuerzas armadas en temas que no son de su competencia.
Varios políticos coinciden en que para resolver los problemas de inseguridad y creciente flujo migratorio es necesario también otorgar más recursos a las instituciones regionales y tener una mayor comunicación con las autoridades de los países vecinos.
El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, consideró como positiva la medida, pero dijo esperar que se concreten otras iniciativas para el norte grande.
Estamos esperando mayores inversiones, aumento en las dotaciones de los policías y tener capacidad como autoridades regionales de incidir en temas de prevención del delito, expresó Díaz, quien además es el presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos solicitó a los ministerios del Interior y Defensa información sobre los protocolos con los que trabajarán las Fuerzas Armadas en las fronteras y el armamento específico que utilizarán.
También manifestó su preocupación porque militares asuman el control del orden público.
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