El ministro de Defensa, José Merino, declaró que aún falta esa cifra de integrantes de las llamadas maras por ser apresados.
El presidente Nayib Bukele, su gabinete de Seguridad y el presidente de la Asamblea legislativa, Ernesto Castro, señalan frecuentemente que el régimen de excepción será aprobado las veces necesarias para llevar tras las rejas al último pandillero.
Merino expllcó la víspera que durante el régimen de excepción se capturaron a más de 64 mil integrantes de esos grupos, quienes, según una normativa aprobada por el Legislativo, también son calificados de terroristas.
En el total de detenidos y procesados pudo comprobarse, de acuerdo con el titular de Defensa, que a muchos hasta se les pagaba un sueldo para cometer diversas fechorías como extorsión y asesinatos.
Pese a que la política oficial tiene un sólido respaldo de la población, no es menos cierto que además recibe críticas de organizaciones que denuncian violaciones de derechos humanos en las capturas masivas por la Policía y la Fuerza Armada Nacional.
En realidad hay inocentes detenidos, las propias autoridades reconocen eso y ya liberaron más de cinco mil personas, mientras otros esperan ser procesados para probar que no colaboran o forman parte de las pandillas.
Según Merino, entre el 95 y el 97 por ciento de los encarcelados ya enfrentaron un primer proceso judicial, y se mantienen las averiguaciones para certificar su culpabilidad o inocencia.
Organizaciones como Cristosal señalan que las autoridades ejecutan arrestos y audiencias masivas en las que no es posible individualizar casos, lo que vulnera el derecho de defensa de cada capturado.
En la actualidad el país registra una tasa de homicidios de 1.8 por cada 100 mil habitantes, un gran logro si se toman como referencia años atrás como 2021, cuando en un fin de semana de marzo fueron asesinados cerca de 87 salvadoreños.
El ministro de Defensa precisó que los dos mil trasladados al “bunker” prisión conocido como Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot) en el oriente del país, son pandilleros ya declarados culpables de los delitos de alta peligrosidad.
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