Las modificaciones exceptúan casos «fundados de protección internacional» conforme a la Ley de Refugiados.
El decreto toma «particularmente en cuenta» la situación de quienes llegan «por motivo de reunificación familiar con extranjeros que ya cuentan con residencia permanente en el país».
Agrega además razones «humanitarias».
La Constitución uruguaya establece que el Estado «garantizará el derecho de las personas migrantes a la reunificación familiar con padres, cónyuges, concubinos, hijos solteros menores o mayores con discapacidad, de acuerdo al artículo 40 de la Constitución de la República».
La intención de la normativa original era tener un respaldo para hacer frente a turistas y extranjeros que necesiten atenderse por quebrantos de salud, lo cual resulta en gastos para el país, apuntó el diario El Observador.
A su vez, el gobierno derogó disposiciones sanitarias como vacunas o pruebas que suponían exigencias de ingreso decididas en el enfrentamiento a la emergencia sanitaria por la Covid-19.
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