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Gobierno niega a Minera Panamá suspender contratos laborales

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Ciudad de Panamá, 1 mar (Prensa Latina) El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) rechazó hoy a la empresa Minera Panamá la propuesta de suspender contratos a operarios, en medio de negociaciones sobre la firma de un contrato de concesión.

Esa carretera recibió la solicitud de suspender efectos de contratos a cuatro mil 501 trabajadores de la mayor mina de cobre en Donoso, Colón, cuya justificación se basa en el cierre de operaciones de carga en el puerto Punta Rincón, indicado por la Autoridad Marítima de Panamá.

Mitradel insistió en que el rechazo tiene la misión de protección de los puestos de trabajo y la correcta aplicación de la norma laboral, y que evalúan las demandas presentadas en diciembre pasado por los obreros.

En ese sentido, el Gobierno exhortó a Minera Panamá cumplir con las regulaciones ante las instituciones pertinentes y procesos necesarios para el funcionamiento seguro y solicitó que “se abstenga de crear desasosiego e incertidumbre” .

Además de las reducciones de la fuerza laboral, la subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum dijo que ha dejado de comprar suministros y servicios que equivalen a 20 millones de dólares en ingresos semanales a más de dos mil empresas panameñas.

La compañía aseveró que la interrupción en enero pasado de las operaciones de carga de concentrado de cobre en puerto Punta Rincón de Colón es el resultado de la negativa por parte de la AMP que demandó la certificación de la calibración de las balanzas y pesas.

Por su parte, ambientalistas como Raisa Banfield exigen al presidente de la República, Laurentino Cortizo, que intervenga Minera Panamá que viola la orden dada desde diciembre de 2022 de cese de operaciones comerciales.

Las autoridades habían concedido a Minera Panamáhasta el 14 de diciembre pasado para firmar el acuerdo anunciado a principios de 2022, que comprendía subir el pago de regalías a un mínimo de 375 millones de dólares por año, mejorar las condiciones laborales, de protección del medio ambiente y de las comunidades aledañas.

Mientras voceros de organizaciones sociales calificaron de improcedente cualquier negociación que emprenda el Ejecutivo con la minera, cuyo contrato de concesión fue declarado inconstitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia.

mem/ga

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