El documento a revisión es versión modificada de uno anterior e incluye la ilegalización de los golpes de estado, sancionados y sin prescripción, aunque a los actuales gobernantes, salidos de una asonada castrense, se les garantiza la amnistía con carácter excepcional.
Asimismo amplía los poderes del presidente quien determinará la política del país, nombrará y despedirá al primer ministro y los miembros del gabinete, podrá disolver el parlamento y propondrá leyes, función que hasta ahora desempeñaba el Poder Legislativo, acorde con los trascendidos.
Otra novedad es la limitación a dos de los mandatos presidenciales, que se extenderán cinco años.
El texto comenzó a ser analizado en medios de gestiones para reactivar el acuerdo de paz entre el gobierno central y una coalición de grupos separatistas tuaregs, rubricado con la mediación de Argelia cuya entrada en vigor permitirá a las autoridades concentrarse en el combate a la insurgencia islamista.
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