Pierre Espérance, coordinador general de la estructura, aseguró que la Constitución de 1987 es clara en cuanto a la forma de nombrar a los jueces del Tribunal de Casación y las autoridades desestimaron la ley fundamental.
Espérance destacó que el primer ministro Ariel Henry no citó ningún artículo de la carta magna en el decreto que designó a los jueces, pese a que presuntamente ocuparán el cargo durante 10 años.
Además, a su juicio, el nombramiento solo pretende dar una apariencia de normalidad al poder judicial, para luego permitir la creación del Consejo Electoral Provisional, único órgano capaz de organizar los sufragios.
El martes, Henry designó a los magistrados Marie Joceline Cazimir, Ketsia Charles, Frantz Drive, Maguy Florestal, Anès J. Joazéus, Louiselme Joseph, Rameau Patrick Métellus y Franzi Philémon para completar el Tribunal de Casación, tras varios meses de negociaciones.
Con ellos suman 11 de los 12 jueces supremos, con lo cual la corte está prácticamente completa.
Tres meses antes, el jefe de Gobierno nombró a Jean Joseph Lebrun como presidente del máximo tribunal, lo cual fue bien acogido por asociaciones de magistrados.
El cargo permanecía vacante desde junio de 2021 tras la muerte de René Sylvestre como consecuencia de la Covid-19, y el asesinato un mes después del expresidente Jovenel Moïse, postergó la nueva nominación.
Mientras las organizaciones de la sociedad civil denunciaron la supuesta inconstitucionalidad de las acciones del Gobierno, asociaciones de jueces aprobaron las disposiciones e indicaron que era esencial que el tribunal volviera a ser funcional.
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