Esos indicadores son el resultado de la justicia social impulsada por el Ejecutivo del presidente Gustavo Petro, pues con este hecho se benefició a 33 mil 16 familias campesinas, comunidades negras, indígenas, entre otras, destacó el funcionario.
De esa cifra, un millón 15 mil corresponden a predios rurales y 396 mil a zonas de reserva campesina, como la de Sumapaz, en Bogotá; y la de Guayabero en el departamento del Meta, detalló.
Dichas zonas son una forma de ordenamiento territorial creadas por ley en 1994 y buscan fomentar la economía campesina, prevenir la concentración de la tierra –y regular su ocupación– y el aprovechamiento de sus recursos, puntualizó.
Explicó en el programa presidencial Colombia Hoy Radio que el Gobierno compró esa tierra, en su mayoría, a terceros.
Resaltó que los terrenos deben ser fértiles para la producción de alimentos, que no tengan procesos de restitución, que no estén reclamada por otras personas en los Consejos de Restitución, que no esté inundada, que no sea inundable y que no esté ocupada.
La meta del Gobierno del Cambio en este aspecto, para mejorar la vida de las comunidades en todo el país, es entregar tres millones de hectáreas en estos cuatro años a quienes no tienen tierra, recordó a la audiencia.
Uno de los compromisos del gobierno de Gustavo Petro es implementar el Acuerdo de Paz alcanzado en 2016 entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, cuyo punto uno está relacionado con la reforma agraria integral en el país.
Ese punto, denominado Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral, está orientado a revertir los efectos del conflicto y garantizar la sostenibilidad de la paz, busca aumentar el bienestar de los habitantes rurales, impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico.
Todo ello, a través de la promoción de oportunidades para la ruralidad colombiana, especialmente para las poblaciones más afectadas por el conflicto armado y la pobreza.
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