Los casos consolidados, presentados por numerosos miembros del Congreso, y agentes de la Policía del Capitolio, demandan a Trump por lesiones físicas y psicológicas, y alegan que el exmandatario conspiró para impedir que cumplieran con sus funciones el día de la insurrección contra la sede legislativa.
La postura del DOJ se produce luego de que Trump apelara un fallo de un tribunal inferior que considera que no es inmune a las demandas dado que los esfuerzos de un presidente para «asegurar o perpetuar el cargo» no son parte del papel de la Casa Blanca.
“Las amplias protecciones para el presidente no deberían cubrir las declaraciones que incitan a la violencia. La Corte debe rechazar ese argumento categórico”, escribió el Departamento de Justicia en un comunicado.
El informe, sin embargo, no respalda específicamente las afirmaciones de los 11 legisladores de que Trump incitó el motín, sino que señala que “alegan plausiblemente” que el discurso del expresidente ese día motivó el ataque.
En última instancia, el DOJ alienta a la corte de apelaciones a tomar una decisión limitada, y califica el caso como un vehículo para determinar “cuándo y cómo trazar una línea entre el discurso oficial y electoral del presidente”.
La contribución del DOJ a este caso de Trump es paralela a la investigación que realiza el propio departamento sobre el esfuerzo del expresidente por permanecer en el poder y la incitación a los ataques del 6 de enero en el Capitolio.
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