El colectivo coincidió en que dos temas fundamentales dominaron este periodo desde el 20 de enero; en primer lugar, la exclusión de dos binomios presidenciales (Movimiento para la Liberación de los Pueblos y Podemos) bajo argumentos jurídicos cuestionables.
Y, en segundo término, las críticas a la opacidad con que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) gestiona los recursos asignados.
En cuanto al primer punto, Mirador Electoral sitúa como clímax la decisión anunciada ayer por la Corte de Constitucionalidad, al negar la posibilidad de inscripción a Thelma Cabrera y Jordán Rodas, así como a Roberto Arzú y David Pineda.
«Todas las instancias (Registro de Ciudadanos y Órganos Jurisdiccionales) aceptaron dócilmente los argumentos insustanciales y tendenciosos que impiden participar a los dos binomios, dejando como saldo un proceso severamente cuestionado en su integridad y legitimidad», señaló la fuente.
A su juicio, el rigor legalista aplicado en ambos casos contrasta con la laxitud y permisibilidad que todas las instancias han tenido con la inscripción de otras candidaturas que arrastran y adolecen de idoneidad y hasta prohibición constitucional.
Aunque se espera la participación de al menos 20 binomios presidenciales proyectando una aparente pluralidad, en la práctica la exclusión del Movimiento para la Liberación de los Pueblos y Podemos deja un proceso limitado y exclusivo para los «permitidos» y prohibido para las opciones percibidas como amenaza, alertó Mirador Electoral.
En cuanto al presupuesto asignado al TSE, el grupo de auditoría recordó que es el mayor de la historia y cuestionó uso discrecional y la opacidad en las compras.
Durante el 2022, las autoridades del ente electoral aprobaron seis acuerdos en los que resaltan la omisión de controles.
En ese sentido, citaron la sustitución del portal oficial Guatecompras por un sitio web para las adquisiciones por excepción.
En estas circunstancias, advirtieron, es la primera vez que Guatemala se enfrenta a un escenario de «Elecciones Restringidas» desde la vigencia de la actual Constitución en 1985 y de profundizarse esa tendencia, el país está en riesgo de perder el último pilar que sostiene el raquítico Estado de Derecho y democracia.
oda/mmc
