Durante la administración del exmilitar (2019-2022) hubo deliberadamente un estímulo a esas acciones ilícitas en el Amazonas, lo cual no resultó bueno para la imagen del país y el sector minero, “una actividad económica integrada al desarrollo sostenible” de la mayor selva del mundo, denunció recientemente el reconocido geólogo Giles Azevedo.
Publicado en la revista Remote Sensing, un estudio realizado por científicos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales y de la Universidad del Sur de Alabama (Estados Unidos) revela que la minería en tierras aborígenes en la Amazonia Legal (abarca a siete estados brasileños) aumentó mil 217 por ciento en los últimos 35 años.
La cifra saltó de 7,45 kilómetros cuadrados en 1985 a 102,16 en 2020.El 95 por cientode esas áreas de explotación ilícita está concentrada en tres dominios nativos: Kayapó, Munduruku y Yanomami.
De acuerdo con datos de la pesquisa, casi la totalidadde ese aprovechamiento indebido dentro de las posesiones originarias en la Amazonia, dígase el 99,5 por ciento, está relacionada con la búsqueda de oro.
El Gobierno de Lula descubrió a mediados de enero una delicada situación humanitaria y sanitaria en la tierra Yanomami —estado norteño de Roraima—, habitada por aproximadamente 30 mil indígenas. Una de las razones de esa catástrofe fue la masiva actividad de mineros ilegales, que contaminaron ríos con mercurio.
La minería atenta contra la cadena alimenticia básica de los yanomamis, pueblo de movilidad territorial que vive de la caza, la pesca, la recolección y la agricultura.
Ante estos hechos, el mandatario ordenó la inmediata retirada de los buscadores de metales preciosos, que llegaron a ser calculados en unos 20 mil, y determinó el envío de una cuantiosa ayuda humanitaria a los aborígenes.
Expertos aseguran que la retirada de mineros en áreas de preservación es el primer paso fundamental para comenzar a escarpar el problema. Sin embargo, para acabar con la ilegalidad en la cadena del oro, como promete el Gobierno, resulta necesario cambiar además la legislación, fortalecer la fiscalización e implantar nuevas tecnologías de rastreo.
Por lo anterior, Lula firmó un decreto para primeramente prohibir el transporte aéreo y fluvial en tierra Yanomami.
(Tomado de Orbe)
