“Hemos avanzado en algo muy importante y que nos pedía el pueblo entre lágrimas, dolor y resistencia el año 2020: justicia”, afirmó el mandatario.
Resaltó Arce cómo la tradición de lucha y conciencia revolucionaria de los alteños y alteñas se manifestó en las “jornadas trágicas” de 2019 tras el derrocamiento del expresidente Evo Morales.
Evocó ante autoridades nacionales, departamentales y municipales la resistencia del pueblo unido y combativo, que salió a la calle a defender la whipala, símbolo patrio y código ancestral, así como la dignidad de las indígenas de pollera. La referencia de Arce a la justicia, trajo a la actualidad la situación de la exgobernante de facto Jeanine Áñez, aprehendida el 13 de marzo del 2021 y sentenciada a 10 años el 10 de junio de 2022 por el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
En ese proceso, los jueces también determinaron que el excomandante de las Fuerzas Armadas Jorge Elmer Fernández y el exgeneral Sergio Orellana sean condenados a cuatro años de cárcel en el penal de San Pedro.
Por su parte, el exjefe del Ejército Pastor Mendieta fue sentenciado a tres años de prisión y el extitular del Estado Mayor Flavio Gustavo Arce, a 24 meses de cárcel.
Áñez también está imputada en el expediente penal Golpe de Estado I por las masacres de Senkata, en El Alto, y la de Sacaba, en Cochabamba, con saldo de cerca de 40 muertes, cientos de heridos y miles de encarcelados y torturados.
El 17 de enero último, los fiscales Walter Lora, Iván Cernadas y Favio Maldonado comunicaron al Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de la urbe alteña que el Ministerio Publicó decidió ampliar el proceso penal en contra de Áñez por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves vinculadas a la masacre de Senkata, el 19 de noviembre de 2019.
Sobre esta base, el Comité Impulsor de la Justicia anunció que acusará al gabinete ministerial que, con la rúbrica del Decreto Supremo 4078, exoneraron de responsabilidad penal a policías y militares por los excesos en la represión contra quienes reclamaban el restablecimiento de la democracia.
Como parte del expediente Golpe de Estado I, las autoridades también investigan al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aprehendido encarcelado preventivamente desde el 30 de diciembre de 2022 en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, departamento de La Paz.
En esta causa Camacho figura imputado por presunto terrorismo como principal promotor del complot que forzó la renuncia de Morales y originó los crímenes posteriores.
jcm/jpm
