Datos oficiales facilitados por el Ministerio de Justicia y Seguridad indican que desde la vigencia del régimen de excepción que acompaña al Plan de Control Territorial, un total de 65 mil 291 delincuentes fueron apresados.
La cifra incluye a maras y colaboradores de estos que fueron capturados en los últimos meses, aunque hay denuncias de que funcionarios gubernamentales presuntamente permitieron que cabecillas de la jefatura nacional de las bandas escaparan a México y otras naciones.
Las denuncias principalmente provienen de Estados Unidos, donde fueron detenidos a fines de febrero Vladimir Arévalo Chávez, alias Vampiro, de Monserrat Criminales; Walter Hernández Rivera, alias Baxter, de Park View, y Marlon Menjivar Portillo, alias Rojo, de Park View.
Los tres se suman a otra lista de 10 pandilleros de la MS-13, seis de ellos bajo custodia de El Salvador, que están acusados en Estados Unidos por cometer durante dos décadas delitos de terrorismo, extorsión, secuestro, asesinato y manipulación del proceso electoral salvadoreño.
En su enfrentamiento a estos grupos calificados por ley de terroristas, las autoridades dijeron que ocuparon más de 1,7 millones de dólares en efectivo obtenidos por los delincuentes a través de extorsiones y otros actos ilícitos.
El régimen de excepción aprobado el 27 de marzo de 2022 fue extendido en 11 ocasiones y solo será eliminado, según el Gobierno, cuando apresen al último terrorista.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la República anunció la víspera la creación de la Dirección Nacional de Fiscales Penitenciarios, que se encargará de juzgar a los detenidos y permitir que quienes prueben su inocencia, se sumen a los más de tres mil liberados hasta ahora.
El nuevo órgano tendrá como principal misión verificar el cumplimiento de la ejecución de las penas impuestas a los pandilleros, informó el Fiscal General, Rodolfo Delgado.
El trabajo de esos magistrados permitirá garantizar que cada uno de los procedimientos del proceso penal se cumpla conforme a la ley y que de esa forma, actuando de una manera objetiva, las personas que cumplieron con su condena salgan en libertad, dijo Delgado.
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