A casi un mes de su instalación que fue celebrada por la comunidad internacional como uno de los primeros pasos para retornar la estabilidad institucional en el país caribeño, Manigat dijo al programa radial Magik 9 que están alojados en un edificio inadecuado, sin despachos ni posibilidad de contratar personal porque aún no tienen presupuesto.
“Hemos tenido que protestar, argumentando que no se nos puede tratar así. Esperamos que las personas con las que estamos hablando actúen de buena fe y que pronto podamos funcionar como cualquier otra institución estatal”, señaló.
También admitió que la población tiene impaciencia porque muestren los resultados de su trabajo, en especial en relación con la inseguridad, pero indicó que corresponde al Gobierno garantizar el clima de paz al que aspiran los ciudadanos.
El Alto Consejo de Transición tiene como principal objetivo promover el diálogo y están llamados a trabajar en estrecha colaboración con las autoridades para grandes proyectos durante el periodo provisional, entre ellos combatir la inseguridad, reformar la constitución y realizar elecciones.
Asimismo, deben trabajar en transformar la justicia, modificar la economía y avanzar en otros programas como el Estado de derecho y la seguridad social y alimentaria.
No obstante, Manigat critica que aún el Gobierno no aplicó algunos de los acuerdos del consenso firmado a finales de año, especialmente la cuestión de remodelación ministerial.
“Hasta ahora, el primer ministro no ha dado ninguna señal de que vaya a cambiar a los ministros. Según las evaluaciones y las reacciones de los ciudadanos, la mayoría de los ministros tendrán que irse”, manifestó.
Por el momento, las autoridades no se pronunciaron sobre las peticiones del miembros del consejo de transición, aunque Henry insistió en sus recientes intervenciones públicas en la necesidad de organizar elecciones y reformar la Constitución.
El acuerdo alcanzado por el Gobierno permitirá a Henry mantener el poder hasta febrero próximo y entregar el cargo a funcionarios electos, sin embargo, el actual deterioro del clima de seguridad, la ampliación del control de las pandillas y los pocos recursos de la Policía, podrían alejar los proyectos.
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