Henry expresó satisfacción, pues la investidura vuelve funcional a la corte después de casi dos años, y aseguró que es fruto del consenso y diálogo franco con todos los sectores de la vida nacional.
“El acontecimiento que hoy nos reúne debe recordarse como un hito y un ejemplo a seguir para las generaciones futuras a la hora de encontrar soluciones a los problemas nacionales”, dijo el jefe de Gobierno y reconoció la gravedad de la crisis que atraviesa el país caribeño.
Señaló que el pueblo espera de los magistrados un comportamiento ejemplar, integridad moral, competencia y una verdadera independencia de los poderes políticos y económicos, así como la valentía de resistir a las presiones y tomar decisiones basadas en el derecho.
Henry también sugirió que el nombramiento de los jueces permitirá constituir un Consejo Electoral Provisional creíble para organizar elecciones y preparar una consulta popular, con el fin de modificar la Constitución.
También se comprometió con la creación del Órgano de Control del Gobierno, al que las autoridades deberán rendir cuentas.
Con la juramentación de los ocho jueces casi se completa el Tribunal de Casación que ya era disfuncional cuando falleció a mediados de 2021 su entonces presidente, René Sylvestre.
Meses antes, en febrero, el asesinado jefe de Estado Jovenel Moïse expulsó a tres magistrados supremos por su supuesta implicación en un fallido golpe de Estado.
Sin embargo, aunque existía el consenso sobre la necesidad de recuperar el Tribunal de Casación, varias voces señalaron la presunta ilegitimidad de Henry para adoptar esa decisión.
La semana pasada, ocho estructuras políticas, entre las que figura el Partido Haitiano Tet Kale, Pitit Dessalines y Organización del Pueblo en Lucha, criticaron a Henry por violar el artículo 175 de la Constitución con el nombramiento.
Otros recordaron que solo el presidente de la República, de una lista aprobada previamente por el Parlamento, puede nombrar a los jueces supremos, de acuerdo con la Carta Magna, por lo que consideran ilegal la designación.
Por su parte, asociaciones de jueces aprobaron las disposiciones e indicaron que era esencial que el tribunal volviera a ser funcional.
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