Al intervenir en el Foro Mundial de Cumplimiento (World Compliance Forum), cuyos resultados fueron divulgados este miércoles aquí, Chavarría sostuvo que Costa Rica requiere supervisar a los nuevos sujetos obligados a reportar actividades sospechosas.
Asimismo, prosiguió, cumplir con los estándares internacionales para evitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, dictados por el GAFI (Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Precisó que de acuerdo con las leyes costarricenses, abogados, contadores, agentes de bienes raíces, prestamistas, vendedores de metales y piedras preciosas (joyas) y casas de empeño son nuevos sujetos obligados a reportar actividades sospechosas.
El cumplimiento de estas actividades tiene que ver con la debida diligencia, con conocer al cliente, el origen de los fondos, reportar operaciones sospechosas, entre otras, refirió el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD.
Explicó que su entidad creó una plataforma gratuita para hacer los reportes y se ponen a disposición de los sujetos obligados listados de riesgo nacional e internacional.
Datos de esa Unidad reflejan que en 2022 registró 718 actividades sospechosas, las cuales generaron 290 informes que fueron enviados al Ministerio Público, autoridad judicial que debe hacer la valoración pertinente para determinar la ilegalidad.
Además, indicó, esas cantidad de reportes de operaciones sospechosas eran por un monto de más de 222 mil millones de colones, unos 400 millones de dólares.
El Foro Mundial de Cumplimiento fue organizado por la Fundación para el Estudio de Lavado de Activos, en alianza con la Universidad para la Paz.
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