El 1 de septiembre de 2022, un hombre identificado como Fernando Sabag apuntó con una pistola a la cabeza de la exjefa de Estado en las proximidades de su domicilio en el capitalino barrio de Recoleta, pero el arma no se disparó.
Días después fueron arrestados su novia, Brenda Uliarte, y Carrizo, entre los sospechosos investigados.
Según la agencia de noticias Télam, la Cámara descartó el pedido de los abogados de Carrizo e instó a la jueza María Eugenia Capuchetti avanzar en la elevación de la parte principal del caso a juicio oral.
Sin embargo, la resolución emitida no hizo referencia a la importancia de profundizar las indagaciones sobre los autores intelectuales del atentado.
En varias ocasiones, los abogados de Fernández, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, pidieron ahondar en las investigaciones y señalaron que Carrizo no tuvo un papel secundario, sino fundamental en el ataque por lo que puede ser considerado coautor y partícipe directo del delito.
Tras recursos presentados por los representantes de la vicemandataria, la Cámara Federal porteña exigió a Capuchetti tomar en cuenta pruebas que desestimó.
Entre los elementos que fundamentaron la ampliación de su declaración se encuentran mensajes enviados por celular por el sospechoso con textos como: “Recuerda esta fecha”, “Ya está muerta”, “No sabes qué hicimos con esto. Generar miedo para que el Gobierno sepa con quienes se están metiendo”.
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