El pacto incluye la puesta en marcha de un Distrito Minero y de un plan de formalización de pequeños y medianos trabajadores del territorio, de manera que se atenúen los impactos ambientales que causa esta actividad en la región y se ofrezcan beneficios sociales a los habitantes.
La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, durante una declaración ofrecida, en la ciudad de Medellín, expresó que «hay un compromiso del Gobierno Nacional de buscar el diálogo hasta la última instancia”».
Junto con los ministros del Interior, Alfonso Prada, y de Defensa, Iván Velásquez, y del Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, la titular de Ambiente explicó que desde hace dos semanas trabajan en esta propuesta para ayudar a resolver de fondo la situación de informalidad minera y solucionar las gravísimas afectaciones ambientales.
La acción de las retroexcavadoras que se lleva a cabo en el Bajo Cauca moviliza millones de metros cúbicos de tierra y pone en el río Cauca toneladas de mercurio en toda esa actividad minera, que va desde pequeños hasta grandes dragas, precisó Muhamad.
«Esta situación, los liderazgos del Bajo Cauca y también los que están sentados en la mesa saben que no es sostenible, y entre todos tenemos una gran responsabilidad de darle la vuelta de fondo, de trascender un impacto social y ambiental», resaltó.
En su opinión, existen salidas jurídicas y técnicas para garantizar la protección del medio ambiente y los derechos de la ciudadanía que está inmersa en la minería, recalcó.
Por su parte, el ministro del Interior, Alfonso Prada, señaló que, el pasado 1 de marzo, el Gobierno dinamitó nueve dragas gigantescas que se empleaban para la explotación ilegal de minería, particularmente de oro.
Esta situación provocó que pequeños, medianos y grandes mineros iniciaran una movilización en el Nordeste y el Bajo Cauca Antioqueño y en el sur de los departamentos de la Costa Caribe la cual terminó en los últimos días con bloqueos que perturban la vida de casi 300 mil colombianos que viven en 12 municipios, alrededor de esa región, señaló.
Esos bloqueos desabastecen a la población, generan hambre en sectores rurales, obstaculizan el suministro de medicamentos y la alimentación de los niños en centros de atención y los colegios.
Para buscar soluciones al paro en la zona están cinco viceministros, que ejercen diálogo directo con los promotores de la acción, a quienes se le comunicó que «bajo ninguna circunstancia el Gobierno Nacional va a seguir dialogando» si no hay en el territorio libertad de locomoción y si no se permite la «atención humanitaria a la población, a los hospitales, y poder combatir el hambre».
Según el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, el paro minero, iniciado hace ocho días, es ‘presionado’ por el Clan del Golfo, la mayor estructura criminal del país.
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