El encuentro contará también con la presencia de las Naciones Unidas, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos, la Defensoría del Pueblo y líderes de derechos humanos.
En esta reunión, el Gobierno Nacional llevará la propuesta de concretar un «pacto social y político», que incluye la puesta en marcha de un Distrito Minero y de un plan de formalización de pequeños y medianos trabajadores del territorio.
La iniciativa busca que se atenúen los impactos ambientales que causa esta actividad en la región y se ofrezcan beneficios sociales a los habitantes.
En la cita se explicará la propuesta de manera “que permita que tanto los líderes como la comunidad conozcan claramente la magnitud de inversión, de obra, que queremos hacer en el territorio por el bien de las comunidades”, aseguró el ministro del Interior Alfonso Prada.
«Nos interesa que, producto de esos acuerdos a los que se llegue, los únicos beneficiados sean claramente los pobladores y, de ninguna manera, la ilegalidad”, recalcó.
No obstante, advirtió que «bajo ninguna circunstancia el Gobierno Nacional va a seguir dialogando» si no hay en el territorio libertad de locomoción y si no se permite la «atención humanitaria a la población, a los hospitales, y poder combatir el hambre».
En ese sentido,, explicó ayer jueves que el pasado 1 de marzo, el Gobierno dinamitó nueve dragas gigantescas que se empleaban para la explotación ilegal de minería, particularmente de oro.
Esta situación provocó que pequeños, medianos y grandes mineros iniciaran una movilización en el Nordeste y el Bajo Cauca Antioqueño y en el sur de los departamentos de la Costa Caribe la cual terminó en los últimos días con bloqueos que perturban la vida de casi 300 mil colombianos que viven en 12 municipios, alrededor de esa región, señaló.
Esos bloqueos desabastecen a la población, generan hambre en sectores rurales, obstaculizan el suministro de medicamentos y la alimentación de los niños en centros de atención y los colegios, dijo el también vocero de la presidencia.
Para buscar soluciones al paro en la zona están cinco viceministros, que ejercen diálogo directo con los promotores de la medida de presión
Según el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, el paro minero, iniciado hace ocho días, es ‘presionado’ por el Clan del Golfo, la mayor estructura criminal del país.
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