La administradora general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, Flor Torrijos, precisó a la prensa que luego de cuatro años, la visita del 13 al 17 del mes en curso permitirá que al país se le levante la tarjeta amarilla que pesa desde 2019 por no contar con los controles adecuados en contra de esa amenaza a los ecosistemas marinos.
La UE, principal mercado de las pescaderías panameñas, cuenta con la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca, que audita y evalúa los esfuerzos de los países que envían sus pesquerías a su territorio, y cuál colores del semáforo, emite tarjetas y recomendaciones.
Panamá, de no avanzar a verde y en su lugar recibir una tarjeta roja, se le imposibilitará seguir exportando el recurso a ese mercado conformado por 27 países, recordó Torrijos.
La funcionaria afirmó que en esta ocasión los avances son evidentes y, muestra de ello, es la cancelación de más de 32 naves del registro de pesca, además de que han trabajado de la mano con la Policía Internacional (Interpol) en el nuevo proceso de la debida diligencia.
Otros de los resultados, adelantó, fue que duplicaron las sanciones y se cuenta con nuevas plataformas innovadoras empleadas en base a monitoreo satelital de las embarcaciones pesqueras tanto nacionales, como internacionales.
Para Torrijos, hoy la comunicación interinstitucional es efectiva y fluida; sin embargo, reconoció que aún queda trabajo por hacer, sobre todo porque Panamá siga estableciendo normas, procesos y mecanismos que sean permanentes.
Torrijos recordó que la pesca ilegal afecta la sostenibilidad de los recursos naturales, pone en riesgo la seguridad alimentaria, atenta contra las leyes y la subsistencia de miles de pescadores artesanales e industriales.
Según estadísticas oficiales, las faenas en la pesca ilegal a nivel global representan unos 26 millones de toneladas, el 28 por ciento de las capturas totales registradas, con un valor de 23 mil millones de dólares.
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