La organización agradeció a los secretarios de las 18 jurisdicciones del país y de los tribunales por su determinación en la lucha por la justicia y reclamó avances reales en las negociaciones con el Gobierno, en particular con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP).
Los empleados judiciales se declararon en huelga el 7 de marzo, y señalaron que llegaron a un punto de no retorno luego de intentar en varias ocasiones reunirse con la actual titular de Justicia, Emmelie Prophet.
“Esta enésima consigna de huelga se lanza no solo para exigir la plena aplicación del acuerdo del 3 de noviembre de 2017, sino también para exigir el respeto a los derechos de todos los empleados haitianos”, dijo a la prensa el coordinador general de la Asociación, Matin Ainé.
El gremio exige el fin de lo que denominan “discriminación en los salarios” pues existen sueldos diferenciados entre quienes realizan la misma función, al tiempo que reclaman aumentos en los honorarios y la aprobación del estatuto de escribanos con el cual podrían disfrutar de otras facilidades.
Además de los secretarios judiciales, desde inicios de este mes fiscales reunidos en el Colectivo de Magistrados de Haití también fueron a la huelga por mejores condiciones laborales y un tratamiento equitativo con sus colegas.
El comisario adjunto del gobierno de Les Cayes (sur), Patrick Douyon, quien preside la agrupación, recordó el papel crucial de los fiscales en los juicios, así como el de los miembros del Ministerio Público en el buen funcionamiento del sistema judicial. “Por eso no es normal que sean los más maltratados”, denunció en un comunicado en el cual anunció el paro.
Las huelgas que paralizan el sistema judicial ocurren en un momento en que el MJSP tiene entre sus objetivos primordiales luchar contra la detención preventiva prolongada que afecta a más del 80 por ciento de la población carcelaria.
La semana pasada, la cartera evocó una serie de avances en esa materia y destacó que durante febrero un total de 165 acusaciones finales y 106 acusaciones fueron redactadas, en proporción a los casos judiciales pendientes en sus respectivas jurisdicciones.
En la misma línea, 168 casos fueron remitidos a la jurisdicción penal y se realizaron un centenar de visitas tanto de los comisarios del Gobierno como de sus suplentes a los distintos centros de detención.
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