Los abogados cuestionarán la legalidad de 15 de las 68 pruebas con las que la Fiscalía General (FGR) busca que sea sentenciado a 46 años de prisión, luego de que un juez federal ya determinó que el Ministerio Público obtuvo ilegalmente reportes financieros de transferencias con bancos suizos y comprobantes de depósitos de Odebrecht a compañías fachadas del ex funcionario mexicano.
En tanto, los fiscales impugnarán seis pruebas con las que se pretende demostrar la inocencia del ex directivo.
La audiencia de este lunes correspondiente a la etapa intermedia del proceso penal, y en la cual se analizará la idoneidad de cada prueba de culpabilidad que presentará la FGR y de inocencia que ofrecerá la defensa de Lozoya, será la última oportunidad para que Lozoya pueda formalizar un acuerdo con el Ministerio Público y los representantes de Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Es decir, que estas le otorguen un criterio de oportunidad que le permita el desistimiento de los cargos, y se le acepte además un pago de 200 millones de pesos (10 millones 500 mil dólares) como reparación del daño y se convierta en testigo colaborador.
Una vez que el juez federal Gerardo Genaro Alarcón realice la declaratoria de apertura de juicio, también se habrá terminado la posibilidad de que Lozoya solicite acogerse a un juicio abreviado, que le permitiría declararse culpable de los delitos que se le imputan y obtener una sentencia reducida.
Durante la última audiencia realizada en el centro de justicia penal con sede en el Reclusorio Norte, Lozoya emitió una declaración en la que aseguró haber cumplido con la FGR los términos para llegar a un acuerdo reparatorio y obtener un criterio de oportunidad.
Aseguró que, entre las acciones que el Ministerio Público Federal ha efectuado a partir de su colaboración, están diversas carpetas de investigación, haber llevado a juicio al ex senador panista Jorge Luis Lavalle y las acusaciones contra Carlos Alberto Treviño, ex director de Pemex, que se encuentra prófugo de la justicia.
También, la orden de captura contra el diputado y ex dirigente nacional del Partido Acción Nacional Ricardo Anaya. Sin embargo, Lozoya se ha mantenido hasta ahora fiel al expresidente Enrique Peña Nieto considerado por muchos medios en México como el principal responsable de los hechos por lo cuales se procesa a su exfuncionario.
El exmandatario también es considerado culpable de la mentira histórica en torno a la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de malversaciones multimillonarias como la denominada estafa maestra de más de 400 millones de dólares, que involucra a instituciones de su gobierno y a 11 universidades.
La defensa, además, aseguró contar con los 200 millones de pesos que, supuestamente, peritajes oficiales han determinado como el monto necesario para cubrir la reparación del daño que le exigen Pemex y la UIF.
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