La titular refutó los rumores de que las autoridades están aliadas a los grupos armados para mantener el poder y aseguró que quieren celebrar elecciones lo antes posible para que el país tenga un Ejecutivo legítimo.
“El Gobierno no ha instrumentalizado a ninguna banda. No apoyamos a ninguna banda. Todo el mundo sabe quién, en el pasado reciente, apoyó a las bandas, al movimiento peyi lòk”, dijo la ministra y aseguró que la intención de la actual administración es retornar al país a la senda de la democracia.
Prophète también señaló que la Policía Nacional está prácticamente sola para hacer frente a la creciente inseguridad a pesar de que las autoridades pidieron hace unos cinco meses ayuda externa que les permita combatir las bandas.
Subrayó que el Gobierno no pide una ocupación extranjera, sino ayuda para que las fuerzas del orden público puedan reanudar su misión y hacer frente a la situación que vive el país.
También criticó que la mayoría de los vehículos blindados encargados y pagados por el Gobierno a una empresa canadiense aun no fueron entregados, lo cual dificulta las estrategias de la Policía para luchar contra las bandas.
La Policía había elaborado una estrategia para liberar una serie de zonas, pero esta estrategia se elaboró con la hipótesis de que se entregaran todos los tanques. “La Policía necesita este equipamiento, pero desgraciadamente aún no ha sido entregado”, lamentó Prophète.
A mediados de febrero pasado las autoridades recibieron el tercer cargamento de vehículos blindados que supuestamente son más resistentes a minas y protegidos contra emboscadas.
Además, el Gobierno espera armas de fuego para la nueva promoción de policías, pero tampoco las ha recibido.
“Haití, desde hace años, se enfrenta a dificultades para introducir armas legalmente en el territorio, mientras que un informe de la ONU señalaba que hay muchas armas ilegales en circulación en el país”, deploró y señaló que esto podría estar relacionado con la percepción de que el Estado haitiano es menor en la región.
Haití sufre un recrudecimiento de la violencia armada a manos de las bandas que controlan cerca del 60 por ciento de la capital, mientras las fuerzas del orden público se encuentran desanimadas y con escasos recursos.
En lo que va de año más de un centenar de personas fueron secuestradas y cientos asesinadas, entre ellas al menos 11 policías.
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