Entrada la noche de este miércoles, la Asamblea Legislativa le dio curso a la propuesta realizada al mediodía por el gabinete de Seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la iniciativa otro mes más para enfrentar a grupos delincuenciales que ese mismo foro, años atrás, calificó de terroristas.
Con un voto de 67 a favor, siete en contra y ocho abstenciones, y dos ausentes, la normativa que cumplirá un año de su aprobación el 27 de marzo continuará como herramienta fundamental del Plan de Control Territorial.
En ese el gobierno basó desde el 20 de junio de 2019 su estrategia para proteger la vida de los salvadoreños y terminar con los grupos de pandilleros.
Un reciente editorial del Diario Colatino reconoce el éxito de la medida que llevó tranquilidad a “miles de familias en las comunidades o barrios populares en distintos puntos de El Salvador, sobre todo en la capital y las ciudades circunvecinas”.
Sin embargo, agregó, el régimen de excepción imperante en el país desde marzo de 2022 llevó a la cárcel a miles de inocentes, reconocidos por el mismo presidente, y otras violaciones que se cometen al amparo de la mencionada ley.
Pese a que recibe un amplio apoyo de la población, la medida no era ni es necesario para capturar a los mareros y pandilleros, pues desde hace varios años, 10 en promedio, se aprobaron leyes para combatir a las pandillas, según el diario.
El editorial precisó en su cuestionamiento a las reiteradas prorrogas de esta normativa que “instrumentos legales para perseguir a los grupos delincuenciales hay suficientes en el país, por lo que la Ley del Régimen de Excepción era innecesaria, al menos que hubiese otras pretensiones, que las hay”.
Aseveró que el Gobierno está utilizando el estado de excepción para tener sometido al pueblo, para que no proteste, para que agache la cabeza y se ponga de rodillas ante un policía y un soldado como sucede todos los días y todas las noches en los lugares militarizados.
Hoy, por la ley de excepción, al igual que en la década de 1970 y 1980, los jóvenes por ser jóvenes, por la forma de vestir o por tener la desdicha de vivir en zonas marginales o populares, son sospechosos de ser pandilleros o mareros, afirmó el editorial.
Pese a todos los señalamientos en contra y el arresto de miles de inocentes, el Parlamento, presunto foro representativo de la voluntad popular, extendió un mes más la medida, la cual, según el Gobierno, se mantendrá mientras no esté tras la rejas el último pandillero.
En 2023 El Salvador alcanzó 53 días sin homicidios, entre el 1 de enero y el 14 de marzo, además de capturar a más de 65 mil presuntos pandilleros, y según las autoridades, entre ellos están los culpables de cometer 40 mil homicidios en los últimos años por lo que deben responder.
jf/lb
