El esquema incluye acuerdos con empresas sin subastas, las que a su vez compensaban a los alcaldes con sumas fijas de dinero mensual que podían fluctuar entre cinco mil y siete mil dólares durante la vigencia del contrato.
Durante el proceso en la sala de la jueza federal Aida Delgado, los abogados del exalcalde arrestado por agentes del Buró Federal de Investigaciones el 9 de diciembre de 2021 cuando se hallaba en funciones en el municipio contiguo a San Juan, trataron de establecer que un paquete de dinero entregado no era un soborno.
Al respecto, el empresario Oscar Santamaría, quien ya se declaró culpable de sobornar a varios alcaldes y será el principal testigo de cargo contra Pérez Otero, tendrá que establecer si tres paquetes de cinco mil dólares cada uno que le entregó era para pagar deudas de su campaña o parte del mecanismo de sobornos.
El alcalde, quien presidió hasta su arresto la Federación de Municipios que reúne a los ejecutivos del anexionista Partido Nuevo Progresista, encabezado por el gobernador Pedro R. Pierluisi, compareció al tribunal federal acompañado, además de su abogado Osvaldo Carlo, de su esposa exjueza Liza Fernández.
Island Builders, empresa de Santamaría aunque no figuraba como tal para efectos del contrato con Guaynabo, alcanzó un acuerdo por 871 mil 751.60 dólares, que después se enmendó hasta un total de 2,3 millones de dólares.
El fiscal federal Nicholas W. Cannon describió el caso contra Pérez Otero como “de codicia y poder”.
Se espera que el juicio, primero que se celebra de esta naturaleza ya que hasta ahora otros imputados han aceptado su culpa, se extienda por al menos una semana.
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