El 18 de marzo de 1938 había llegado con una situación convulsa en México cuando los trabajadores del petróleo (no existía Pemex), llevaban varios años batallando contra los monopolios extranjeros que se robaban esa riqueza, relegaban al capital mexicano y, muy en particular, a los obreros a quienes pagaban una miseria y explotaban a la saciedad.
La misión de las empresas foráneas, la aplastante mayoría estadounidenses, era apropiarse por completo de los hidrocarburos, para ese entonces el recurso natural más apreciado y costoso en todo el mundo, sin el cual la vida moderna era imposible.
Esa situación de explotación provocó la creación de un sindicato muy combativo el cual, lamentablemente, con el paso de los años, se convirtió en un mecanismo usado por quienes obstaculizaron su creación.
El nuevo sindicato reclamaba reivindicaciones económicas, las cuales fueron rechazadas por las compañías petroleras, entre ellas: semana laboral de cuarenta horas; pago salarial durante enfermedades, indemnización familiar por muerte o incapacidad total, salario mínimo de cinco pesos, jubilaciones, entre otras demandas.
Ante ese rechazo, en mayo de 1937 el sindicato declaró una huelga si las empresas no respondían satisfactoriamente a lo que los obreros exigían, lo cual presentó a una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) como conflicto de carácter económico. La JFCA revisó la situación y determinó que las empresas contaban con los recursos suficientes para cumplir con la solicitud de los trabajadores. En diciembre de ese mismo año la junta pronunció un laudo para que los dueños de los pozos establecieran las condiciones de trabajo exigidas, a partir de la primera semana de 1938.
No lo cumplieron y el conflicto se agravó, y así llegó el 18 de marzo de 1938 cuando el presidente Lázaro Cárdenas expidió el Decreto de Expropiación Petrolera, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria, para convertirse en propiedad de los mexicanos.
Este consistió en la expropiación legal de maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y todos los bienes muebles e inmuebles, de la Compañía Mexicana de Petróleo llamada El Águila (Royal Dutch Shell), la Compañía Naviera San Cristóbal, la Compañía Naviera San Ricardo, la Huasteca Petroleum.
Pero, además, la Sinclair Pierce Oil Company, la Mexican Sinclair Petroleum Corporation, la Stanford y Compañía, la Penn Mex Fuel Company, la Richmond Petroleum Company, la California Standard Oil Company of México, la Compañía Petrolera El Agwi y la Compañía de Gas y Combustible Imperio.
Igualmente incluyó a la Consolidated Oil Company of México, la Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, la Sabalo Transportation Company, Clarita S A y Cacalilao Sociedad Anónima, así como de sus filiales o subsidiarias.
El decreto cardenista también estableció que el Estado mexicano tendría control total sobre la producción y comercialización del petróleo en territorio nacional, es decir en mar y tierra.
Casi enseguida, el 7 de junio, México fundó la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), otorgándole facultades necesarias para realizar todos los trabajos de exploración, explotación, refinación y comercialización del hidrocarburo.
Al año siguiente, 1939, la derecha afectada por la nacionalización se organizó en un partido ultraconservador para oponerse a la medida de Cárdenas, el Partido Acción Nacional (PAN) el cual, desde ese momento hasta hoy, usó todo su poderío para desmantelar el decreto y regresar la industria a manos extranjeras.
Increíblemente el propio Partido Revolucionario Institucional (PRI) que lo nacionalizó con el general Cárdenas, fue el que contribuyó a desnacionalizarlo en alianza conservadora que la gente denominó PRIPAN o PRIAN.
Con el inicio de los gobiernos neoliberales desde Miguel de la Madrid (1982-1988), y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), comenzó el proceso de desnacionalización y entrega del petróleo a empresas extranjeras.
Esta fue más dramática con Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto quienes, además, desmantelaron la Comisión Federal de Energía, con reformas energéticas entreguistas.
Todo eso es lo que estará hoy en el discurso que pronunciará el presidente Andrés Manuel López Obrador para exaltar la recuperación de esos recursos con su gobierno de la IV Transformación y la lucha contra la corrupción.
oda/lma
