De acuerdo con el comunicado de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), habrá que esperar hasta finales de este año para que se certifique que el istmo cumple con las nuevas recomendaciones en su lucha para prevenir y desalentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y obtener entonces la tarjeta verde.
En 2019 la UE estimó que el país canalero no contaba con los controles adecuados en contra de esa amenaza a los ecosistemas marinos y entregó tarjeta amarilla, pero de no seguir las sugerencias podría convertirse en roja, lo cual imposibilitaría a los empresarios locales seguir exportando el recurso pesquero a ese mercado conformado por 27 países.
Para la UE aún se debe reforzar las sanciones para que las mismas sean más disuasivas, además de incrementar los controles en los trasbordos en los puertos.
La UE, principal mercado de las pescaderías panameñas, cuenta con la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca, que audita y evalúa los esfuerzos de los países que envían sus pesquerías a su territorio, y cuál colores del semáforo, emite tarjetas y recomendaciones.
Según estadísticas oficiales, las faenas en la pesca ilegal a nivel global representan unos 26 millones de toneladas, el 28 por ciento de las capturas totales registradas, con un valor de 23 mil millones de dólares.
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