“El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en referencia al Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los Derechos Humanos, manifiesta que no reconoce este tipo de documentos emitidos de forma unilateral que son una práctica de injerencia en asuntos internos y elaborados sin fundamentos objetivos que lo sustenten”, afirma un comunicado entregado a los medios periodísticos.
Agrega el documento que Bolivia se adscribe al multilateralismo y a sus mecanismos de evaluación para la garantía, la protección y el cumplimiento de los Derechos Humanos en el contexto de los tratados y convenios internacionales ratificados sobre la materia.
Recordó el texto una serie de visitas al país de instituciones internacionales especializadas en el tema, como la del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entre otras autoridades de organismos multilaterales.
A manera de ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores ratificó que entre el 27 y el 30 de marzo visitará la nación andino-amazónica una misión de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el propósito de conocer la situación de esta problemática en las distintas regiones de Bolivia.
Fue esa la respuesta del Gobierno del presidente Luis Arce a un informe sobre el tema publicado la víspera por el Departamento de Estado norteamericano y en el cual refiere supuestas vulneraciones basadas en reportes de Human Rights Watch y otra organización no gubernamental de la cual no precisa su nombre.
Al respecto, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, indicó que el informe “unilateral y oficioso” de Estados Unidos “desconoce la soberanía que tiene cada Estado y los pueblos del mundo”.
En relación con la situación de los derechos humanos en el país, Alcón recordó que el Estado boliviano asumió los tratados y convenios sobre la protección y las garantías.
Negó, asimismo, que en Bolivia existan presos políticos, como expresan algunos opositores, y aclaró que se respeta el debido proceso para todos los investigados.
Recordó las conclusiones del GIEI tras su pesquisa sobre las revueltas que desembocaron en la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019 y la imposición de un gobierno de facto mediante la ruptura del orden constitucional.
La vicetitular subrayó que en una de sus recomendaciones los expertos independientes indican “garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones de los derechos humanos”, identificadas durante la investigación.
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