A inicios de febrero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó a Mulet y su fórmula, Max Santa Cruz (partido Cabal), las credenciales que validan su participación en los comicios y le ofrecen inmunidad; sin embargo, desde este martes se empieza a cerrar más el círculo para intentar dejarle fuera.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) accionó por segundo día consecutivo contra el aspirante del partido Cabal, ahora con la presentación ante el TSE de «una serie de hallazgos» que involucrarían al político en posible propaganda anticipada.
Esta medida sigue a la de ayer, cuando la propia FECI solicitó retirar la inmunidad al aspirante presidencial por «conspiración para la obstrucción a la justicia», un señalamiento vinculado al expediente contra el fundador y director del medio elPeriódico, José Rubén
Zamora, considerado aquí un caso de persecución a la libertad de prensa y expresión.
De acuerdo con la dependencia del MP, entre el 6 y el 13 de marzo Mulet convocó a ruedas de prensa para pronunciarse por la situación jurídica del periodista y la orden de un juez de abrir investigaciones contra nueve periodistas y columnistas del diario, muy crítico a la gestión del Gobierno.
Según argumenta ahora la FECI, esto lo hizo para «posicionar su nombre, imagen y símbolo del partido, con el propósito de ser favorecido el 25 de junio en las elecciones».
Hasta ahora se desconoce si el Pleno del TSE entrará a conocer el oficio contra Mulet, pero lo que sí reconocen analistas es que se trata de un escenario poco usual y de atentado contra el Estado de Derecho.
No obstante, juristas ven con preocupación el actual contexto ante la serie de vacíos que tiene la Ley Electoral y de Partidos Políticos en cuanto a los términos de campaña de afiliación y anticipada (llamar al voto), lo cual en la práctica hacen muchos sin que pase nada.
Ya desde la apertura del proceso previo a las urnas, este último término se presta para disímiles interpretaciones, de ahí el peligro de su utilización nuevamente para dejar fuera a determinadas figuras, más con el polémico historial que arrastra en tan corto tiempo el ente electoral.
A las acciones contra Mulet (en 2019 ocupó el tercer lugar en las urnas) se suman las arbitrarias decisiones del TSE, la Corte Suprema de Justicia y de Constitucionalidad de dejar fuera al binomio presidencial del Movimiento Para la Liberación de los Pueblos, integrado por Thelma Cabrera y Jordán Rodas.
Pendientes aún del fallo de un amparo, la única fórmula que propone un cambio radical (Estado Plurinacional) estaría prácticamente eliminada, porque el próximo domingo finaliza el periodo de inscripción a cargos públicos y un día después comenzaría oficialmente la campaña propagandística.
También enredado en el camino legal se encuentra el partido Podemos con Roberto Arzú y David Pineda, y este martes se conoció el rechazo del Registro de Ciudadanos del TSE a los aspirantes de Creo.
Con el paso de las horas, las agrupaciones emprenden una carrera contrarreloj para inscribir a sus representantes a los más de cuatro mil cargos públicos en juego en las urnas.
Por el momento, suman 21 los binomios presidenciales aprobados en representación de 26 partidos, pues dos competirán en coalición, Valor y Unionistas, y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y Winaq, estos últimos también lo hicieron así en 2019.
A la espera de una respuesta, tras entregar su papelería, se encuentran Mi Familia y Poder.
De las 30 agrupaciones con luz verde, solo dos, Partido de Avanzada Nacional y Partido Popular Guatemalteco no presentaron aspirantes a los máximos cargos del Estado para concentrarse en el Congreso y las alcaldías.
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