Un comunicado de la Cancillería denunció anoche que pese a ese país “mantener una agresión permanente” contra los derechos del pueblo venezolano, pretende calificar la actuación de otros gobiernos.
Subrayó que una vez más se publica este informe para atacar a países soberanos, cuyas decisiones no se toman con el consentimiento de Washington, mientras ellos, a lo interno, no logran contener la creciente pobreza y mitigar la brutalidad del racismo policial institucionalizado.
Asimismo, afirmó, no logran abandonar medidas arbitrarias de privación de libertad de migrantes indocumentados y no dejan de aplicar medidas coercitivas ilegales y unilaterales contra al menos el 30 por ciento de la población mundial.
La Cancillería manifestó que mientras la nación norteña descalifica a otros Estados, no ha firmado o ratificado importantes acuerdos como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Estatuto de Roma.
Añadió, además, otros instrumentos como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
También mencionó la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; entre otros.
Un Estado que hace 20 años emprendió una de las invasiones más brutales en la historia de la humanidad contra el pueblo iraquí, causando centenares de miles de muertes e implementando métodos de tortura, pretende cínicamente dar lecciones de cómo salvaguardar los DDHH al resto de la humanidad, recordó.
Subrayó que los principales artífices de guerras criminales como la de Iraq, gozan de total impunidad.
El comunicado remarcó que el Gobierno bolivariano, a pesar de las agresiones permanentes de Estados Unidos y sus cómplices, continuará en la defensa de los derechos económicos, políticos y sociales de toda la población y seguirá cumpliendo sus compromisos multilaterales para garantizar la vida digna de sus ciudadanos.
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