Aunque sirvió hasta ahora como pieza clave para lograr la disminución a cifra record de los homicidios y el encarcelamiento de cerca de 66 mil salvadoreños que presuntamente son miembros de las maras o pandillas, el régimen es cada día más cuestionado en algunos sectores.
Opositores lo ven como un instrumento del gobierno para restringir la oposición camino a las elecciones presidenciales de 2024, mientras otros lo consideran pieza clave en la violación de derechos humanos además de suspender garantías constitucionales.
Recientemente una fuente que pidió el anonimato dijo a Prensa Latina que del 100 por ciento de arrestados bajo el amparo de la normativa, un 40 por ciento son inocentes, lo que contradice la versión oficial de que todos son pandilleros.
Esta semana la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel de Guevara, declaró que cerca de tres mil personas fueron liberadas en el régimen de excepción, luego de un proceso de «seis meses de investigación», cuando letrados opinan que lo establecido por el gobierno son 15 días para la presentación de un caso ante la justicia
La mayoría de capturados son procesados por agrupaciones ilícitas, delito castigado con penas de 20 a 30 años de prisión; y de 40 a 45 años si son cabecillas.
Este tema es centro de polémica y según Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero, hay contradicciones en las declaraciones de miembros del gabinete de seguridad e incluso hablan, dijo, de cualquier cosa “que confirme la mano dura”.
Cardenal fue lapidario en su valoración cuando dijo que “las noticias falsas, la desinformación y la propaganda, repetida hasta la náusea, ya empiezan a mostrar sus límites. Los hechos muestran que la seguridad ciudadana se encuentra a la deriva, a merced de unos funcionarios que solo velan por la popularidad presidencial”.
Por otra parte, la existencia de una Asamblea Legislativa que responde a la línea del gobierno despertó ronchas en los últimos días cuando fue derogado el artículo 291-A del Código Electoral, para muchos un paso encaminado a eliminar cualquier obstáculo que impida al gobierno actuar según su conveniencia.
El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, opinó que esa acción evidencia los planes del actual gobierno de buscar un resultado favorable en las elecciones de 2024.
Un informe de Radio Ysuca sostiene que la justificación del oficialismo para la derogatoria fue decir que el artículo obstaculiza la posibilidad de generar reformas que garantizaran el derecho ciudadano a ejercer el voto, pero ocultan que el Gobierno no quiere opositores en 2024.
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