El encuentro fue programado después que Hernando expresara recientemente su decisión de ingresar este año en el Congreso una iniciativa de ley para crear una empresa nacional, encargada de regular la explotación de ese recurso.
De acuerdo con datos recientes, el país posee sólo en el Salar de Atacama, de la norteña región de Antofagasta, unos 8,3 millones de toneladas del llamado “oro blanco”, lo cual representa aproximadamente el 22 por ciento de las reservas mundiales.
En esa zona están operando en la actualidad dos empresas extranjeras, Albemarle y SQM, cuyos contratos de trabajo vencen en 2044 y 2030, respectivamente.
Ambos consorcios y otras corporaciones extranjeras, interesadas en la explotación de este valioso metal blando, realizan fuertes presiones sobre los países que tienen grandes reservas, con el propósito de apoderarse del mercado internacional.
El litio es estratégico para el desarrollo de las modernas tecnologías de la comunicación, el transporte -en especial en la construcción de vehículos eléctricos-, y la investigación aeroespacial, entre otras ramas.
En este panorama, el senador por el Partido Socialista Juan Luis Castro precisó que si bien hay una explotación en manos privadas, que obviamente tendrá algún papel en el futuro, la columna vertebral es una definición del Gobierno sobre una empresa nacional del litio.
Al mismo tiempo, medio centenar de personalidades chilenas, entre académicos, artistas, políticos, economistas y dirigentes sociales y sindicales, dirigieron una carta abierta al presidente Gabriel Boric para exigirle mantener la propiedad estatal sobre esta riqueza.
Precisan en el texto que el país conoce la millonaria campaña en curso de presiones para extender el control de las empresas privadas sobre el litio, más allá del vencimiento de sus contratos vigentes, lo cual es contrario a los intereses de Chile.
“Su gobierno tiene la oportunidad histórica de ejercer ese mandato patriótico, puesto que depende de su sola decisión crear ahora una empresa nacional del litio como filial 100 por ciento de propiedad de alguna de las mineras estatales”, señala el documento.
Agregan los firmantes, que incluso puede aceptarse la participación minoritaria de privados con el propósito de abordar proyectos específicos de explotación, con cuotas y plazos conocidos y delimitados.
npg/car/eam
