Las autoridades federales confirmaron que se trata de Sandra Gerardo Gallardo, Juan Durán Mosso, Ramiro Alvarado Sánchez, Lorenzo Bello Hernández, Noel Baltazar Gómez, Pablo Jiménez Morales, Alberto Chávez Álvarez, y los otros dos, cuya identidad no informaron, eran agentes policíacos del municipio de Iguala.
Desde septiembre del año pasado no se registraban detenciones relacionadas con la desaparición de los normalistas, cuya investigación sigue estancada para disgusto de los familiares de los jóvenes, sobre todo porque no ha sido extraditado el otro responsable de esconder la verdad, Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal asilado en Israel.
Zerón torturó a falsos positivos del crimen para ocultar la verdad y cerrar el caso, en lo que se denominó la verdad histórica,inventada por su jefe Murillo en su condición de Procurador General.
Esta semana se reportó que Murillo, preso en el Reclusorio Norte, se encuentra mal de salud y que en los últimos días registró presión arterial muy alta derivado de diversos padecimientos que le aquejan y por lo que fue intervenido quirúrgicamente.
Sus defensores pidieron su trasladado nuevamente a un hospital para que médicos especialistas le revisen de la operación que sufrió, la circulación y la otra carótida.
Como titular de la entonces Procuraduría General, estuvo en el ojo del escrutinio público por las dudas y teorías sobre la investigación de uno de los mayores casos de vulneración de derechos humanos en México.
Una de sus intervenciones públicas más recordadas fue cuando habló de «verdad histórica» para referirse a la entonces versión oficial de lo sucedido: que los estudiantes habían sido entregados a un grupo criminal que los habría asesinado e incinerado, y para hacerla creíble, torturaron y crearon falsos positivos.
Pero ni familiares ni grupos independientes de expertos internacionales les creyeron y la versión fue descartada oficialmente por la Fiscalía en el 2020.
El pasado 20 de agosto de 2022 el exprocurador fue detenido por la Fiscalía General en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Murillo está acusado de desaparición forzada, tortura y delito contra la administración de justicia, en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes que ocurrió hace ya casi nueve años.
Los familiares están molestos también porque en el caso del execrable crimen no se menciona tampoco al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018)que, en su criterio, es el máximo responsable de todo lo ocurrido, pues es muy difícil que no supiera lo que realizaban sus subalternos.
mgt/lma
