La SCJN admitió a trámite una demanda de controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) que todavía encabezan Lorenzo Córdova y Ciro Muyarama, acérrimos enemigos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes pidieron al secretario de la OEA, Luis Almagro, intervenir para trucar la reforma.
A esta última se le conoce como Plan B, y realmente no es una reforma sino modificaciones a leyes secundarias electorales dirigidas a ahorrar dinero y eliminar sueldos y prestaciones sociales por más de 15 mil dólares mensuales que reciben los consejeros del INE.
La verdadera reforma que presentó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para transformar a fondo todo el aparataje del Poder Judicial, fue vetado en el Congreso de la República porque el ejecutivo carece de la mayoría calificada que se requiere para aprobar acuerdos que atañen modificaciones a la Constitución.
El Plan B es sumamente limitado y solo rescata del programa de reforma la modificación a leyes que requieren solo de la mayoría simple y ya fue aprobado en las dos cámaras, por lo que, de hecho, se trata de un enfrentamiento también del Poder Judicial al poder Legislativo, además del Gobierno.
López Obrador admite que ya se le acaba el tiempo para lograr reformar al Poder Judicial, cuya corrupción no ha podido ser detenida, y ha pedido a quien lo sustituya en la presidencia del país, intente transformar ese nido de corruptos, como califica a los tribunales y el resto del andamiaje de esa instancia tan importante del estado.
El máximo tribunal del país informó que la controversia corresponde ser analizada por el ministro Javier Laynez Potisek, quien admitió la demanda y concedió la suspensión “solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del decreto».
Una vez que el recurso ha sido admitido a trámite, el ministro Laynez deberá recibir los argumentos de los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre esta reforma, elaborar un proyecto de sentencia y proponerlo al pleno de la SCJN, lo que no tiene fecha para concretarse.
La Corte argumentó que la suspensión fue otorgada debido a que el decreto “no sólo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación sobre los cuales la suspensión generalmente se concede”.
Por supuesto que los legisladores oficialistas no están de acuerdo con esos criterios que, según ellos, son incompatibles con la relación constitucional entre los poderes del Estado.
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