Un grupo de ocho agrupaciones presentaron este lunes un informe con datos que indican durante el año en que rige la normativa, aprobada por la Asamblea Legislativa, llevan contabilizados cinco mil 85 víctimas directas de presuntas violaciones a derechos humanos.
Precisaron los grupos que los fallecidos bajo custodia y control del estado en la mayoría de los casos presentaban señales de muerte violenta.
Los fallecidos presentaban signos de violencia posiblemente generada dentro de la detención, por ejemplo estrangulamiento, quebradura de costillas, heridas de abdomen y cabeza, incluso en reporte oficiales de las autoridades, dijo Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SSPAS).
Alejandra Burgos, de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, precisó que la detención arbitraria acapara el 95 por ciento de las denuncias de las organizaciones, y es la Policía Nacional Civil, con el 74 por ciento, quien marca el paso en este problema.
Stanley Quinteros, director general de Socorro Jurídico Humanitario, denunció que tienen las pruebas de de 20 mil capturados bajo la normativa que no son culpables, algo que se aproxima a informes de fuentes de créditos que aseguran que el 40 por ciento de los arrestados son inocentes.
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