Según ese medio de prensa la iniciativa, presentada por el abogado y diputado Eduardo Valdés, plantea que, para llevar a cabo esa tarea, serán seleccionados 20 legisladores respetando la proporción de las agrupaciones políticas y la paridad de género.
De acuerdo con Valdés, tras el golpe de Estado a la presidenta María Estela Martínez en 1976, el régimen instaurado creó una Comisión de Asesoramiento Legislativo, que reemplazó las funciones del Parlaqmento bicameral y sancionó más de dos mil leyes, de las cuales 469 continúan activas.
Queremos dar un contundente mensaje de no impunidad y estar a la altura de la historia democrática al remover otro de los vestigios de la dictadura militar, afirmó.
Asimismo, precisó que entre esas normativas se encuentran la de entidades financieras, la de inversiones extranjeras, expropiaciones y el Régimen Penal de Minoridad.
Los derechos humanos constituyen uno de los pilares fundamentales de las acciones del Estado argentino desde hace cuatro décadas. Su promoción y protección deben estar presentes en todas las políticas públicas, añadió.
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