La iniciativa pasará de inmediato al Senado donde el Ejecutivo podría presentar algunos reparos con el objetivo de acotar mejor las regulaciones, en particular respecto al uso de la fuerza en situaciones críticas.
Originalmente se trataba de dos proyectos separados, pero los partidos de derecha representados en el organismo legislativo forzaron su unión en uno solo, lo cual generó el rechazo de una parte de la coalición de gobierno.
Los miembros de Apruebo Dignidad se pronunciaron en contra de ampliar la facultad a los carabineros y la Policía de Investigaciones de usar armas de fuego en casos de “legítima defensa privilegiada”.
De acuerdo con la diputada Alejandra Plasencia, del Partido Comunista, ese concepto otorga una especie de presunción de inocencia a todo evento, independiente del resultado que provoque, ya sea la muerte o daños irreparables a una persona.
Otros legisladores de esa coalición rechazaron aprobar la Ley Nain-Retamar porque, argumentaron, todavía no existe un reglamento donde se establezcan con claridad los límites para su aplicación.
El abogado y director del programa de reforma procesal y litigación de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duce, advirtió que establecer la legítima defensa privilegiada podría significar una carta blanca al uso de las armas de fuego.
Pretender que un carabinero nunca pueda ser señalado por el uso de un arma es irresponsable, dijo el jurista en una conversación con Radio Universidad de Chile. Junto con el poder, agregó, debe existir algún tipo de control.
Por el contrario, el diputado por el derechista partido Renovación Nacional, Diego Schalper, aseguró que “cuando Carabineros hace uso de la fuerza, lo hace en virtud de un mandato constitucional y por lo tanto está cumpliendo con su deber”.
Durante el estallido social de octubre de 2019 se registraron debido a la represión policial más de ocho mil violaciones a las garantías humanitarias y hubo cerca de 400 personas con lesiones oculares, muchas con pérdida parcial o total de la vista.
Según el Instituto Nacional de los Derechos Humanos se presentaron contra los Carabineros 18 querellas por homicidio frustrado, 137 por violencia sexual y 777 por torturas y tratos crueles.
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