Sergio Ferrari*, colaborador de Prensa Latina
Pregunta: El 1 de marzo se cumplieron tres meses de la toma de posesión del presidente Lula. Para evaluar cada nuevo gobierno en cualquier país del mundo se habla siempre de los primeros 100 días como un parámetro indicativo. ¿Cuál es su evaluación de estos primeros 100 días en Brasil?
João Paulo Rodrigues: Nuestra evaluación de este primer periodo, que se abrió con la asunción del presidente Lula, es positiva. Hay que recordar que Brasil vivió una profunda crisis desde 2015 en adelante. Fueron siete años muy complejos con repetidos ataques a la democracia y en los cuales tuvieron un gran impacto la recesión económica y la crisis social que provocó un gran aumento del desempleo y el retorno a una situación de hambre de millones de compatriotas. En ese tiempo, también se dio un proceso de destrucción del Estado de bienestar, que golpeó en particular a las instituciones que operan y ejecutan las políticas públicas de beneficio e impacto social. Esto no se puede reorganizar de un día a otro. Exigirá tiempo. En otras palabras, luego de estos primeros 100 días de gestión del nuevo gobierno, estamos al inicio mismo de un camino que tiene objetivos claros: retomar el crecimiento económico, combatir la desigualdad social y hacer las reformas estructurales necesarias para resolver los problemas de la gente, en particular de los sectores más necesitados.
La oposición siempre agresiva
P: En las últimas elecciones del 30 de octubre, el hoy ex presidente Jair Bolsonaro perdió por un escaso margen de menos de dos por ciento. ¿Cuál es la actitud actual de la oposición?
JPR: Lula fue elegido como expresión de un amplio frente democrático que se construyó para ser oposición al Gobierno de Bolsonaro. Hoy el presidente es muy firme, con una posición más a la izquierda, tanto en lo político como en lo económico. Sin embargo, no se puede obviar que este frente amplio está integrado por fuerzas políticas y sociales de izquierda, de centro, e incluso, de derecha, con proyectos diferentes. No se puede negar que se da una disputa dentro de ese frente sobre las visiones de gobierno en diversos temas, como la economía, en relación a los precios de los combustibles, así como la política agraria y de tierras.
La actual oposición al Gobierno es, sobre todo, la extrema derecha. Es un sector muy ideologizado y radical. Que provocó los hechos del 8 de enero en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, cuando se produjo ese verdadero atentado contra la república y la democracia, repudiado mayoritariamente por la sociedad.
Con la derrota electoral, el bolsonarismo pasará por un momento de reflujo y perderá fuerza, pero las ideas y valores conservadores y el aparato de comunicación asociado son muy fuertes y tienen gran impacto en la sociedad. Por eso es necesario que las fuerzas democráticas protagonicen una intensa lucha política, social y económica para derrotar al bolsonarismo y su proyecto conservador y retrógrado en el próximo período.
Los movimientos populares, protagonistas
P: ¿Del otro lado de la escena nacional, a la base, los movimientos sociales respiran ya un nuevo aire político a partir del 1 de enero de 2023?
JPR: Para los movimientos populares y la sociedad brasileña, el clima cambió con la asunción de Lula. La sensación es que “lo peor ya pasó”, pero es necesario mantener la movilización y la participación para obtener mejoras y conquistas. Lula ha constituido un buen equipo de gobierno. Abrió espacios a importantes líderes de la sociedad y defiende una agenda progresista en las áreas económica y social. Además, protagonizó diferentes hechos simbólicos, como fue la visita el 21 de enero- uno de los primeros viajes de Lula al interior del país- al pueblo Yanomami, en Roraima, que había sido prácticamente condenado al genocidio por las políticas de Bolsonaro. Constituyó una clara señal que indica que para el nuevo gobierno la prioridad será, sin duda, la atención de los sectores que fueron más excluidos por las políticas ultraliberales del gobierno anterior.
P: En las anteriores gestiones del Partido de los Trabajadores (Lula y Dilma Rousseff), los movimientos sociales hicieron críticas fundamentales por la «tibieza» de la gestión en temas sensibles. Por ejemplo, el MST criticó duramente que la reforma agraria no había avanzado. Los movimientos indígenas y ecologistas criticaron al PT por los pocos logros en sus áreas respectivas. ¿Existe un nuevo tipo de relación entre el actual gobierno de Lula y los movimientos sociales, o continúa la preocupación de que se repitan los errores del pasado?
JPR: Hemos madurado mucho, tanto los movimientos populares, los partidos políticos y Lula mismo. La presidencia de Lula de 2003 a 2010, fue la primera experiencia de un gobierno progresista con un presidente surgido de la clase trabajadora. Fue una época de aprendizaje. A partir de entonces, el país pasó por el golpe de 2016 (destitución parlamentaria de Dilma Rousseff), la persecución y el encarcelamiento de Lula y el surgimiento de una nueva expresión de la extrema derecha con la elección de Bolsonaro en 2018. Constato que hoy existe una comprensión mucho mayor de los desafíos políticos. Desde la perspectiva de los movimientos populares, se ve claramente que es necesario ganar a la sociedad para que se encamine detrás de un programa de cambio social; luchar para que sean tenidos en cuenta nuestros intereses y defender al gobierno contra las presiones de la derecha. Al gobierno le corresponde dialogar con los movimientos, avanzar con las agendas definidas como prioritarias y estimular una mayor participación política de la sociedad para construir una nueva forma de gobernabilidad.
P: ¿Cuáles son las principales reivindicaciones del MST para esta nueva etapa? ¿Sigue siendo relevante la reforma agraria?
JPR: El MST está alineado con la agenda del presidente Lula de poner en el centro la lucha contra el hambre y la pobreza. Acabar con el hambre exige la asistencia a los que están en situación de mayor vulnerabilidad y una política de producción de alimentos de calidad, además de propuestas de redistribución social del ingreso. El primer objetivo que promueve el MST y que forma parte de un programa de emergencia, es el asentamiento de familias acampadas. Hay más de 100 mil familias que viven en campamentos, muchas de las cuales llevan 10 años en carpas cuyo único techo es un espeso plástico negro. El gobierno tiene que abrir un registro y elaborar un calendario para asentarlas. Alrededor de 30 mil familias están en áreas de preasentamiento que no se ha hecho efectivo porque el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) no ha terminado el proceso de inscripción legal. La segunda agenda se refiere a la agricultura familiar y a las familias asentadas, quienes aseguraron la producción de alimentos básicos incluso durante el gobierno de Bolsonaro, a pesar de que éste desmanteló totalmente la gestión pública. Es necesario retomar las políticas de producción, crédito, cooperación, industrialización y comercialización para favorecer a los asentamientos.
P: ¿Se ha avanzado hacia una unidad real de los actores y movimientos sociales brasileños, o cada uno actúa por su cuenta en la actual etapa?
JPR: En torno a la oposición a Bolsonaro y la candidatura y elección de Lula, se ha gestado la mayor unidad política de los movimientos populares desde la década de 1990. Esta unidad política es real y ha avanzado desde el punto de vista programático y táctico. En marzo hemos realizado un gran plenario con todos los movimientos populares y fuerzas progresistas, en el cual discutimos las propuestas comunes y elaboramos un calendario de acciones conjuntas para el primer semestre del año en curso.
Retos latinoamericanos y mundiales
P: América Latina enfrenta una etapa compleja y, al mismo tiempo, desafiante, con la presencia de varios gobiernos progresistas. ¿Cuáles son los retos principales actuales?
JPR: América Latina vive una nueva etapa con la elección de gobiernos progresistas en Brasil, México, Argentina, Chile, Bolivia y especialmente Colombia, además de la resistencia histórica de Cuba y Venezuela.
Esto demuestra que los pueblos del continente rechazan las nuevas expresiones políticas del programa neoliberal y del proyecto del imperialismo norteamericano. Sin embargo, es necesario avanzar en la organización popular y la lucha ideológica en torno a un programa antiimperialista y antineoliberal para apoyar y hacer avanzar estas experiencias progresistas. Con el fortalecimiento de la extrema derecha y la crisis de las democracias liberales, que se expresa en golpes de Estado, no basta con ganar elecciones. Es necesario pueblos organizados, politizados y movilizados para impulsar gobiernos progresistas y luchar contra la extrema derecha y las fuerzas del neoliberalismo.
P: Todo ello en un mundo que sufre las consecuencias de una terrible guerra en la misma Europa…
JPR: La crisis del capitalismo que se arrastra desde 2007/2008 tiene implicaciones políticas, económicas, sociales y geopolíticas. Las contradicciones en la escena internacional se han agudizado con la crisis global, el avance de la presencia económica de China, la reacción de Estados Unidos y Europa y el fortalecimiento de la extrema derecha en muchos países del planeta. La expansión de la OTAN hacia el Este, que provocó la respuesta de Rusia con la guerra en Ucrania. Es necesario encontrar una vía política hacia la paz. La misma depende de señales que deben venir de todas las partes y que deben incluir el retiro de la OTAN de la escena militar europea y el cese de la guerra en Ucrania.
rmh/sf
*Periodista argentino, residente en Suiza
(Tomado de Firmas Selectas)
