El proceso se aceleró por la muerte de una suboficial de Carabineros durante un operativo en Quilpué, Valparaíso, segunda baja policial en pocos días tras el deceso de un agente atropellado en la ciudad de Concepción, capital de la Región de Bío Bío.
Ante la situación y presiones de algunos sectores políticos, los diputados decidieron modificar la agenda semanal y dedicarla por completo a discutir y votar por una quincena de iniciativas estancadas desde hacía tiempo en ese recinto.
De esta manera aprobaron modificar el Código Penal para incrementar las penas por los delitos de secuestro y portación ilegal de armas de fuego en lugares públicos; crear nuevas normas contra el sicariato; modernizar la gendarmería y el control del flujo migratorio irregular.
El debate se produjo cuando los partidos de derecha impulsaron la Ley Naín-Retamal, una fusión de dos proyectos separados que endurecen el castigo por atacar a la policía y, además, amplían la potestad de los agentes para usar sus armas de fuego.
La norma crea el polémico concepto de “legítima defensa privilegiada” por medio del cual un carabinero o investigador queda exento de responsabilidad si dispara a otra persona, al considerar que su vida o integridad física están en riesgo.
El texto fue aprobado por mayoría de votos y cursado al Senado, pero éste decidió postergar su análisis para contar con mayores elementos de juicio.
Juristas, expertos y víctimas de brutalidad policial durante el estallido social de octubre de 2019 criticaron el proyecto, al cual calificaron de “ley de gatillo fácil” que otorga impunidad a las fuerzas del orden y pone en riesgo a la población civil.
Una de las primeras en alzar la voz fue la senadora Fabiola Campillai, quien durante el estallido fue atacada por un capitán de carabineros que le disparó a la cara una granada de gas lacrimógeno, lo cual le hizo perder la vista, el olfato y el sentido del gusto.
Antes de aprobar esa legislación, indicó, debemos escuchar a los expertos y también a las víctimas de agresiones policiales.
El viernes la discusión subió de tono cuando la ONU, a través del jefe de Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jaram, sostuvo que la Ley Naín-Retamal y el concepto de legítima defensa privilegiada plantean disposiciones opuestas al derecho internacional.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile planteó que “el mandato de garantizar el orden público por parte del Estado debe entenderse en concordancia y en favor de la protección de los derechos humanos, y no utilizarse como una forma de vulnerarlos”.
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