Un sondeo realizado por el sitio digital informativo Money.it, especializado en temas económicos, muestra que el 58,0 por ciento de las personas consultadas aprueba esa decisión del Gobierno.
Sin embargo, un 41,0 por ciento de los encuestados considera errónea esa medida, la cual en definitiva será inaplicable en parte en este país, si finalmente la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), organismo que emite las certificaciones a nivel regional, da luz verde a esos alimentos creados en laboratorios, apunta ese medio.
Una muy probable aprobación de la EFSA, llevaría a que, sobre la base de la libre circulación de bienes y servicios de obligatoria aplicación en todas las naciones integrantes de la Unión Europea, resultará imposible para Italia impedir la importación y venta de esos productos procedentes de otros estados miembros, precisa la fuente.
El 28 de marzo último, el Consejo de ministros italiano aprobó una norma legal contra la preparación, venta, importación, producción para la exportación o distribución para el consumo de alimentos, bebidas o piensos compuestos, aislados o producidos a partir de cultivos de células o tejidos derivados de animales vertebrados.
Con ese decreto ley, que debe aún contar con la aceptación del Parlamento para entrar en vigor, este país se convirtió en el primero a nivel mundial en tomar una medida de ese tipo contra los alimentos sintéticos.
Al dar a conocer esa decisión, el ministro de Agricultura de Italia, Francesco Lollobrigida, expresó que el propósito del Gobierno es “garantizar el más alto nivel de protección de la salud de los ciudadanos y preservar el patrimonio agroalimentario”.
“Si la producción de alimentos sintéticos se impusiera en los mercados, habría más desempleo, más riesgos para la biodiversidad y productos que, en nuestra opinión, no garantizarían el bienestar” enfatizó el ministro, quien aclaró que “no hay una actitud persecutoria sino una fuerte voluntad de protección».
La legislación aprobada el martes último cuenta con seis artículos, y establece entre otros puntos que “en caso de infracción de las normas se prevén multas administrativas que van desde un mínimo de 10 mil hasta un máximo de 60 mil euros, o hasta el 10,0 por ciento de la facturación total anual”.
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