Un segundo informe de la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT) volvió a llamar la atención sobre la insistencia del máximo ente y del Registro de Ciudadanos en aplicar criterios diferenciados y hasta discrecionales a la hora de inscribir o rechazar candidaturas.
Según constató el consorcio de organizaciones civiles, de al menos 15 aspirantes a cargos públicos, dos fueron rechazados por antejuicio, pero otros en la misma situación legal aún permanecen en la contienda, lo cual, advirtieron, aumenta el escepticismo hacia el sufragio previsto para el 25 de junio.
El TSE sigue en el escrutinio ciudadano, algo muy negativo, porque «erosiona las bases sobre las que se asienta la credibilidad del proceso electoral y causa daños irreparables a su legitimidad», de acuerdo con la fuente.
No es la primera vez que la Misión de Observación llama la atención sobre el proceder de los magistrados, pues en febrero, apenas abiertas las inscripciones, ya planteaban el gran reto que tendrían por delante para garantizar la necesaria transparencia en las urnas.
A modo ilustrativo, esta vez listó nombres y apellidos de los casos en que prevalecieron criterios diferenciados a favor o en contra de las propuestas y, en particular, incluyó el análisis de algunos binomios presidenciales.
A juicio del consorcio, el TSE utilizó criterios extensivos a favor de los derechos humanos en el caso de la candidata Zury Ríos, de la alianza Valor-Unionista, a quien señalaron de tener una prohibición constitucional.
Sin embargo, se impidió la participación del candidato a la vicepresidencia del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, Jordán Rodas, sin realizar un análisis sobre el señalamiento presentado ante la Contraloría General de Cuentas, ejemplificaron.
Esta actuación errática, aseguraron, propició el uso indebido de recursos judiciales, todavía muchos en marcha, a pesar de que la fecha de inscripción cerró oficialmente el 26 de marzo.
«Lamentablemente, el TSE no reglamentó oportunamente los criterios para resolver situaciones como las indicadas», alertaron las siete organizaciones civiles con la misión del monitoreo y observación constante del proceso electoral hasta la votación en las urnas.
Estas son, las Asociaciones de Investigación y Estudios Sociales, de Desarrollo, Organización, Servicios y Estudios Socioculturales, la Civil Diálogos, la Coordinación de ONG y Cooperativas, y los Institutos Centroamericano de Estudios Fiscales y Centroamericano para los Estudios de la Democracia Social.
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