Aunque la norma contempla varios aspectos, entre ellos la modernización de la gendarmería, la discusión estuvo centrada en el artículo séptimo, donde se establece el principio de “legítima defensa privilegiada” que beneficia a carabineros, policía y fuerzas armadas.
Tal y como fue propuesta por partidos políticos conservadores y de extrema derecha, ese concepto brindaba impunidad a los encargados de velar por el orden público si utilizan sus armas cuando -a su juicio- su vida o integridad física estuviesen en peligro.
La coalición gubernamental consiguió atemperar ese riesgo con la introducción de modificaciones durante la discusión en el senado y los diputados mantuvieron esos cambios que, de todas maneras, fueron considerados insuficientes por organizaciones humanitarias y fuerzas de izquierda.
Una de las opositoras al texto fue la senadora independiente Fabiola Campillai quien durante el estallido social de 2019, antes de ser legisladora, fue atacada por un oficial de carabineros que le disparó al rostro una granada de gas lacrimógeno.
Como consecuencia de la brutal acción sufrió numerosas y graves fracturas en el rostro y cráneo y la pérdida de los sentidos de la vista, el olfato y el gusto.
En ningún momento ella representaba una amenaza para su agresor y, además, luego de ser herida no se le brindó ninguna asistencia.
Durante los debates hoy en la cámara baja la diputada del Partido Comunista Carmen Hertz afirmó que el artículo séptimo necesita aún más debates y su agrupación política no apoya la extensión de los privilegios allí contenidos a los miembros de las fuerzas armadas.
No concordamos con la figura legal creada, aún cuando se haya acotado la legítima defensa privilegiada, ni estamos de acuerdo con su uso en el mantenimiento del orden público, agregó Hertz.
En la votación particular sobre este tema el Partido Comunista y otras fuerzas de Apruebo Dignidad se manifestaron en contra, mientras la otra coalición del gobierno, Socialismo Democrático, se pronunció a favor. Otras de las críticas generalizadas al proceso en las dos cámaras del congreso fue la ausencia de expertos en la materia, así como de organizaciones defensoras de los derechos humanos o de víctimas de violencia policial e, incluso, la premura con la cual se legisló.
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