En una rueda de prensa este miércoles, abogados, científicos y habitantes de esa área, resaltaron el logro judicial como forma de respetar lo establecido en la Constitución y preservar la alta biodiversidad de ese lugar, ubicado en la región andina al norte de Quito.
La defensora de la naturaleza y residente allí, Cenaida Guachagmira, señaló que si bien la compañía chilena Codelco es una de las mejores en el mundo en la obtención de cobre, su actividad daña a poblaciones de otros países de Latinoamérica.
El presidente de la Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), Gustavo Redin, explicó que tras la sentencia emitida el pasado 29 de marzo ninguna empresa tiene permiso para operar en la zona de Llurimagua, una parte del Intag.
Redin también recordó la necesidad de que las compañías y el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica respeten la consulta previa a las comunidades, como establece la Constitución.
El abogado Carlos Varela precisó que la denuncia fue contra el Estado ecuatoriano por haber concedido las licencias para la explotación de la zona sin tener en cuenta las debidas precauciones, es decir, las acciones judiciales no fueron directamente contra Codelco ni Enami.
Existen en esa área muchas especies amenazadas, incluida la mitad de los anfibios allí presentes, algunos en peligro de extinción como la recientemente redescubierta rana arlequín hocicuda, advirtió la bióloga Andrea Terán.
La experta instó a las autoridades a escuchar a la comunidad científica antes de otorgar los permisos y se refirió a cómo los estudios ambientales previos están sesgados porque son pagados por las empresas interesadas en explotar determinado territorio.
Las comunidades de Intag llevan casi 30 años de lucha contra la actividad minera, específicamente contra el proyecto Enami-Codelco que sería a cielo abierto y de gran escala, en bosques primarios de la zona donde habitan variedades de animales y plantas y 43 fuentes de agua.
Según los científicos el proyecto afectaría directamente a decenas de especies endémicas de la zona, amenazadas y en peligro crítico de extinción, y además provocaría la contaminación de ríos prístinos con plomo, arsénico y otros metales pesados.
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